A México le urge construir ya un Sistema Nacional de Cuidados público, universal, de calidad e incluyente, que permita la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, a la vez de que garantice el derecho al cuidado de las personas que a lo largo de su vida lo requieran, especialmente niños y niñas en su primera infancia.
En el país hay 21.5 millones de mujeres en edad de trabajar excluidas del trabajo: 4.4 millones están desempleadas, buscando trabajo o disponibles y sin impedimento para trabajar. Además, hay 17 millones que no están disponibles debido a que realizan labores de cuidado y domésticas, sin remuneración.
Exclusión y precariedad son dos caras de la misma moneda que producen pobreza. Sin cambios de fondo en el sistema laboral para incluir a millones de personas, en especial, mujeres y jóvenes y para garantizar salario suficiente, la pobreza seguirá afectando alrededor de la mitad de la población, como sucede desde hace 30 años.
La brecha laboral en México es inmensa, sólo 2 de cada 10 trabajadores que cuentan con un empleo formal tienen un ingreso digno. Son 4 millones 594 mil personas con trabajo formal que ganan 20 mil pesos o más al mes, de acuerdo con los datos del IMSS con corte de enero del presente año.
17.6 millones de personas trabajan en “condiciones críticas” reporta el INEGI, son 1 de cada tres personas ocupadas (30%), pues tienen bajos salarios aunque trabajen jornadas extensas.
– Casi 10 millones de personas que cuentan con empleo formal registrado ante el IMSS (o sea, 45%) no ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas.
– El 53% de esos trabajadores, que tienen un salario precario, laboran en empresas grandes y medianas.
– Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Michoacán entre los estados con la mayor proporción de personas con trabajo formal sin salario suficiente.
– 71.5% de quienes tienen un trabajo asalariado carecen de ingreso suficiente (datos INEGI).
– Hay trabajos formales que no garantizan salario suficiente: 60% están por debajo del umbral de pobreza.
– Salarios menores a 8,600 pesos al mes no permiten adquirir dos canastas básicas y colocan a los trabajadores y a sus familias en condición de pobreza.
En el marco de la revisión y aprobación del Salario Mínimo General (SMG) para 2023 que se decidirá en próximos días en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami); Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea que es preciso definir un monto de al menos 8,600 pesos al mes.
Empresarios, organizaciones civiles y líderes políticos de Guanajuato agrupados en la Alianza por la Prosperidad se comprometen a impulsar un salario digno de al menos 10,050 pesos al mes, que permita a quienes trabajan vivir dignamente, siguiendo el modelo iniciado por México Digno en Chihuahua y que ha sido impulsado también desde la sociedad civil por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Garantizar un ingreso digno a sus trabajadores que les permita superar el umbral de pobreza, debe ser parte fundamental en la distinción que se otorga a las empresas para reconocidas como socialmente responsables, coincidieron representantes de organismos nacionales que promueven la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
