Los datos del Inegi sobre ocupación y empleo en abril, muestran cómo se dispara el desempleo y se derrumban los ingresos, aún de quienes siguen trabajando, con corte al primer mes del Covid-19.

Los datos del Inegi sobre ocupación y empleo en abril, muestran cómo se dispara el desempleo y se derrumban los ingresos, aún de quienes siguen trabajando, con corte al primer mes del Covid-19.

Los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), representan un golpe contundente de realismo que desnuda la profundidad y la escala masiva de la precariedad laboral de nuestro país previa a la pandemia.

Un país que hasta hace meses exportaba 1.2 billones de dólares al día, pero donde casi la mitad de las personas que trabajaba carecían de ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica.

Una de las 15 mayores economías del mundo, donde 6 de cada 10 personas ocupadas eran “informales”, lo cual en realidad quiere decir que carecían de afiliación a la seguridad social.

Las medidas de contención y parálisis de actividades económicas para enfrentar el virus triplicaron en un mes el desempleo. 13 millones de personas se quedaron sin trabajo —al menos temporalmente. Y los salarios se desplomaron, por ejemplo, desaparecieron más de la mitad de los trabajos de 11,100 pesos al mes, o más. Eran 5.7 millones de personas con ese ingreso en marzo y quedaron 2.4 millones en abril.

¿Cómo puede ser posible tal nivel de desastre? Si bien el paro por la pandemia es el motivo inmediato y directo, los despidos fulminantes y las reducciones de salario son posibles por condiciones estructurales creadas por décadas, que desde el Observatorio de Trabajo Digno hemos denunciado: la mitad de las personas empleadas carecen de contrato estable y casi 9 de cada 10 carecen de afiliación sindical, es decir, tienen nula capacidad de defensa y negociación colectiva.

Ante los datos de desempleo masivo hay propuestas que ya son consenso muy amplio desde la sociedad —incluso desde sectores amplios de la iniciativa privada— para impulsar el ingreso vital, como medida de emergencia, accesible para todas las personas con pérdida de ingresos en esta pandemia (no confundir con Ingreso Básico Universal (IBU).

Pero también aparece clara la pertinencia de transformar condiciones estructurales que afectan el ejercicio de derechos sociales y económicos como el derecho a la salud y el derecho al trabajo.

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