En el contexto del uso faccioso de las instituciones existe el riesgo de que tramos de la fiscalización por parte de las procuradurías se usen no pensando en la equidad de la contienda sino en la posibilidad de anular elecciones en beneficio de partidos o candidatos específicos.
A unos días de que se inicien las campañas electorales, el reparto de dádivas entre la ciudadanía se intensifica y coloca nubarrones sobre el avance de la democracia en México. México llega a estas elecciones con una institucionalidad disminuida que se refleja en la falta de transparencia en los programas sociales destinados a superar la pobreza y en la falta de designaciones de funcionarios de las dependencias fiscalizadoras de la justicia.
La fiscalización será el gran tema de las elecciones de este 2018 y la prisa se impondrá a esa delicada tarea. Los partidos deben informar ahora en tiempo real, gracias a la reforma electoral de 2014, sobre el uso de los recursos que el Estado pone a su disposición, y en tiempo real el INE deberá fiscalizar el buen uso de esos recursos en las campañas federales y en las 30 entidades que tendrán comicios locales.
El tema está en el ojo del huracán porque la reforma citada puso como causa de nulidad el rebase de topes de campaña bajo dos condiciones: que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea mayor al 5 por ciento y que el rebase de recursos esté también por encima de ese porcentaje.
Bajo esa premisa, la fiscalización será ejercida con rigor por el INE, pero no escapa a la vista que en el contexto del uso faccioso de las instituciones existe el riesgo de que tramos de la fiscalización por parte de las procuradurías se usen no pensando en la equidad de la contienda sino en la posibilidad de anular elecciones en beneficio de partidos o candidatos específicos.
No obstante, en general, vale la pena señalar un riesgo: las elecciones 2018 llegan en un contexto de alta vulnerabilidad de las instancias fiscalizadoras. No se ha designado al Fiscal Anticorrupción, no se cuenta con Fiscal General de la República, no se han designado magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se dio un golpe a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales el año pasado dejándolo sin titular durante dos meses, no cuenta con personal ni presupuestos suficientes; no se ha nombrado en tiempo al titular de la Auditoría Superior de la Federación y más aún corre el riesgo de ser capturado por los partidos, el Fondo de Observación Electoral sufrió un recorte de 81% real respecto de las elecciones presidenciales en 2012 y no existen grandes misiones de observación electoral del extranjero ya que México es un país de “renta media” y “democratizado” en tanto que para Estados Unidos, México no es prioridad y no vigilará las elecciones. En suma, campo abierto para el desvío de recursos de programas sociales y su uso clientelar.
Pero la fiscalización, en específico el monitoreo y vigilancia, también la harán puntualmente los medios de comunicación, las organizaciones sociales y los ciudadanos.
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