Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y en especial a las organizaciones de empresarios y trabajadores a exigir a la CONASAMI fijar el salario mínimo para 2016 por encima de la línea de pobreza, es decir, alrededor de $87 diarios.
Antes de finalizar el año, nuestro país puede dar un primer paso significativo frente a la pobreza y la desigualdad. Y la responsabilidad de la decisión recae en un organismo público tripartita –la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI)- donde participan Gobierno, representantes empresariales y sindicales.
Las organizaciones ciudadanas que acudimos a la Cámara de Diputados el 3 de Noviembre obtuvimos ya una primera respuesta positiva de ese diálogo: el pasado jueves 19, los Diputados aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que libera al salario mínimo de servir de unidad para cobrar multas y muchas cosas más, y permite su recuperación después de 38 años de pérdida constante de valor.
Un contexto inédito
Por primera vez en décadas, el salario mínimo podría ser fijado “de acuerdo a las condiciones económicas y sociales del país” como lo establece la Ley, sin el temor de generar un efecto inflacionario por el alza asociada de multas, derechos, intereses y otros precios que lo usaban como referencia.
Por primera vez se puede dejar de violar impune y flagrantemente la Constitución, que establece que el salario mínimo debe cubrir las necesidades de un trabajador y su familia.
Por primera vez se podría adoptar una medida de política económica que logre reducir pobreza y desigualdad, al mejorar los ingresos de los trabajadores de más bajos ingresos y así enfrentar uno de los factores centrales de la pobreza, como se evidenció con los datos más recientes de INEGI y CONEVAL.
Y también por primera vez, el incremento al mínimo debe dejar de ser la referencia para el conjunto de las negociaciones salariales contractuales. El aumento al mínimo no debe afectar la estabilidad de la economía y las empresas, al contrario, se trata de fijar única y exclusivamente el límite inferior de pago a quien trabaja. Es un nuevo “piso”, no es la referencia y mucho menos es un porcentaje que se pueda generalizar.
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