Vivir en pobreza va más allá de carecer de ingreso suficiente para lo básico. Impide el ejercicio de derechos humanos: a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al medio ambiente sano, entre otros.
Vivir en pobreza va más allá de carecer de ingreso suficiente para lo básico. Impide el ejercicio de derechos humanos: a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al medio ambiente sano, entre otros.
Esta carencia de derechos a su vez, contribuye a perpetuar la pobreza durante el ciclo de vida e incluso la hereda a la siguiente generación. Se convierte en un círculo vicioso donde los efectos se convierten en causas y viceversa.
Niñas y niños que nacen en hogares pobres tienen probabilidades de padecer desnutrición durante su primera infancia. También tienen probabilidad de no concluir su etapa educativa con aprendizajes relevantes, por la deserción y por la baja calidad educativa. En la vida adulta pueden tener trabajos precarios con ingresos insuficientes. Tres derechos sustanciales quedan negados de manera sistemática para millones de personas que padecen estas situaciones en México. En el ambiente de derechos humanos, se han enfatizado los derechos civiles y políticos. Especialmente se invocan los derechos humanos en casos de tortura, de desaparición, de uso excesivo de la fuerza, como las masacres y los actos represivos violentos.
Los derechos económicos y sociales se quedan en el nivel discursivo, sin clara aplicación práctica. Las violaciones masivas, sistemáticas y reiteradas de esos derechos carecen de mecanismos efectivos de protección, de defensa, de promoción y mucho menos de garantía.
Por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud o los trabajos sin remuneración suficiente, no son percibidos, ni tratados desde el Estado como violaciones de derechos humanos que deben repararse y evitar su repetición.
La única forma de comprender esto es que en el caso de los derechos económicos y sociales su realización y ejercicio pleno tengan un carácter progresivo. Esto quiere decir que los Estados son responsables de avanzar gradualmente en su realización.
Sin embargo, no hay nada que defina ni mucho menos que permita exigir esta realización progresiva. Desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza elaboramos para la CNDH un primer acercamiento sobre la perspectiva de derechos en relación con las políticas públicas frente a la pobreza, que es vigente como un primer acercamiento (https://bit.ly/2sfkXP7).
Coneval presenta hoy el Sistema de Información de Derechos Sociales que va más allá de la medición de la pobreza para incursionar en la medición del ejercicio efectivo de esos derechos. El paso indispensable frente a la pobreza es asumir el enfoque de derechos como lo ordena el articulo 1° de la Constitución, en las instituciones, las políticas y los programas gubernamentales.
Urge ya sustituir los más de 5 mil “programas” dispersos, con coberturas mínimas y poca efectividad de los tres órdenes de gobierno, para construir un piso de derechos sociales garantizados por el Estado mexicano, de manera progresiva y con equidad, iniciando por quienes presentan mayor rezago y carencias. Un auténtico sistema universal que garantice derechos, que los proteja y promueva para los sectores con mayor desventaja.
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