No hay mejor “programa social” que la seguridad social. Las personas aseguradas acceden a servicios de salud, a pensiones en edad avanzada, a ingresos en caso de enfermedad o accidente, a servicios de cuidado infantil (“guarderías”).
No hay mejor “programa social” que la seguridad social. Las personas aseguradas acceden a servicios de salud, a pensiones en edad avanzada, a ingresos en caso de enfermedad o accidente, a servicios de cuidado infantil (“guarderías”).
En nuestro país, las aportaciones para la vivienda también forman parte del esquema de beneficios laborales vinculados a la seguridad social (el Infonavit). Hay países donde se incluye también “seguro de desempleo”.
Por eso muchos expertos dicen que no hay mejor política social que la generación de empleos formales y bien remunerados. Así debe ser, pero en nuestro país muchos empleos son más bien factores de pobreza: por no garantizar salario suficiente y por incumplir con la afiliación a la seguridad social.
El Observatorio de Trabajo Digno muestra que la mitad de personas que trabajan, empleadas y con salario, no tienen ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para su familia. Son 15.6 millones de personas. Y que 4 de cada 10 no son afiliadas a la seguridad social. 14.6 millones de personas empleadas y con salario, son forzadas a la informalidad por quienes las emplean, en abierta violación a la ley. (Fuente: www.frentealapobreza.mx)
La informalidad entonces es una situación que afecta no solo a quienes trabajan por su cuenta, o en pequeños negocios familiares, sino a trabajadores empleados y asalariados.
Ciertamente casi el 100% de quienes trabajan por su cuenta, o sin remuneración, no tienen afiliación a la seguridad social. Son poco más de la mitad del total de informales. Pero la otra parte, poco menos de la mitad, más que informales son “informalizados”.
La magnitud y la permanencia de esta situación por décadas, muestra que se trata de un problema sistémico y estructural. Más allá de conductas individuales. Es una realidad generalizada, “normal”, que no se resolverá únicamente con más inspecciones o más sanciones. Es necesaria una política de aplicación de la ley (“law enforcement” en inglés) pero es insuficiente. Y si no se buscan formas creativas para aplicarla, puede resultar contraproducente y abrir mayores espacios a la corrupción y a la simulación.
Es urgente explorar nuevas vías. Una de ellas es desvincular el acceso al “seguro social” del contrato laboral. Esto sucede en varios países, especialmente para el acceso a servicios de salud y de cuidado infantil (“guarderías”), con esquemas de pensiones no contributivas y con transferencias monetarias a personas con discapacidad o sin empleo.
Nuestro país cuenta con “pedazos” de este sistema. Se destinan miles de millones de pesos a “partes” de lo que podría ser un sistema de protección social. Por una parte los subsidios al IMSS y al ISSSTE. Y por otra el Seguro Popular, la pensión universal para adultos mayores, el apoyo para cuidado infantil (antes Programa de Estancias Infantiles), los subsidios a la vivienda, el IMSS Bienestar, las nuevas transferencias para personas con discapacidad. Sin embargo estas “piezas” del rompecabezas están inconexas, tienen coberturas limitadas e incluso podrían generar incentivos a la informalidad.
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