Se ha generalizado acusando a las OSC de opacidad, discrecionalidad y corrupción. Estas generalizaciones son injustas e incorrectas y muestran el gran desconocimiento del trabajo que hacen en defensa de la democracia, los derechos humanos y un sinnúmero de causas sociales.
La descalificación hacia las organizaciones de la sociedad civil en estas últimas semanas es grave. No solo lo que se ha dicho desde la tribuna diaria del Presidente, con toda su carga institucional y simbólica, sino también por las decisiones institucionales derivadas de la “Circular No. 1”.
Con la “Circular 1” se ha cancelado la convocatoria de la Secretaría de Salud para apoyar refugios para mujeres víctimas de violencia. Tampoco el Programa de Coinversión Social podrá funcionar, pese a los recursos que le asignó la Cámara de Diputados. Y lo mismo se supone sucederá con el resto de convocatorias públicas, abiertas, con reglas transparentes: INMUJERES, IMJUVE, Patronato de la Beneficencia de la SSA.
Los dichos, pero sobretodo los hechos, merecen un debate público serio. Se ha generalizado acusando a las OSC de opacidad, discrecionalidad y corrupción; de ser intermediarias, de ser conservadoras. Estas generalizaciones son injustas e incorrectas.
Estas generalizaciones además muestran gran desconocimiento del trabajo de miles de organizaciones que con recursos muy precarios, sin apoyos de gobiernos, se la han jugado en defensa de la democracia, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los territorios, la igualdad y contra la discriminación, y un sinnúmero de causas sociales que hoy son parte de los activos de la Nación. Ciertamente no son intermediarias, muchas no son conservadoras –y las que sí son tienen todo el derecho de serlo- y sobretodo –pese a escándalos y casos que no faltan- la mayoría son transparentes y pulcras en el manejo de los escasos recursos que consiguen.
Desde la sociedad civil organizada se requiere una respuesta lúcida. Porque no se trata sólo de “poder recibir recursos públicos” sino del modelo de país que queremos.
Necesitamos una respuesta que vaya más lejos y sea de fondo. El horizonte deseable es la gobernanza. Un régimen político donde la ciudadanía, con la organización que libremente decida, pueda participar en los asuntos públicos y concretamente en las decisiones y en las políticas públicas, de manera más cotidiana y cercana, no sólo mediante el voto o los partidos políticos.
¿Habrá condiciones de avanzar en este contexto? Pensamos que sí. Va una propuesta:
Por el derecho a la participación ciudadana
En México no existe el reconocimiento expreso al derecho a participar en los “asuntos públicos”. Los derechos de los ciudadanos están muy acotados hacia la participación político-electoral.
La Constitución enlista como derechos ciudadanos: votar, ser votado, organizarse para participar en asuntos políticos, “tomar las armas en defensa de la República”, ejercer el derecho de petición, ocupar cargos públicos, votar en consultas y promover iniciativas legislativas (Art. 35 de la Constitución).
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