El próximo gobierno anuncia un censo para seleccionar a quienes recibirán los tres nuevos programas sociales. El propósito es localizar a más de 8 millones de adultos mayores, a 2.6 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, y a casi 2 millones de personas con discapacidad grave.
El próximo gobierno anuncia un censo para seleccionar a quienes recibirán los tres nuevos programas sociales. El propósito es localizar a más de 8 millones de adultos mayores, a 2.6 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, y a casi 2 millones de personas con discapacidad grave.
De entrada, nada habría que reprochar, y sí mucho que reconocer, de un ejercicio que pretenda:
a) Realizar una búsqueda activa —censal— de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.
b) Aplicar criterios de selección objetivos y transparentes para asignar recursos del presupuesto público.
c) Transferir subsidios directos a grupos de población con mayor necesidad.
d) Y así, contribuir a romper obstáculos que enfrentan estos grupos de población para ejercer sus derechos.
Por eso, el propósito del censo es incuestionable. Ejercicios similares han sido realizados con éxito en países como Colombia, República Dominicana y Pakistán, entre otros.
El resultado de estos ejercicios es un “Registro socioeconómico de población”. Una base de datos que permite asignar los apoyos sociales a quienes realmente lo necesitan.
Una base de datos así puede también funcionar como “Padrón único de beneficiarios”. Dado el enorme esfuerzo, la base de datos podría servir no sólo para los nuevos programas. Podría ser la única “puerta” de acceso a subsidios. Y la vía obligatoria para los tres órdenes de gobierno para canalizar programas sociales.
Los beneficios de un registro socioeconómico que funciona como “padrón único” son múltiples: se evitan duplicidades, se previene la exclusión, se posibilita la complementariedad de intervenciones e incluso —cuando la “base de datos” se articula a un sistema de información robusto— se puede dar seguimiento a los resultados. Sería el “SAT inverso”. Además, elimina la discrecionalidad y corta la raíz del clientelismo político.
Aunque solo fuera para los tres nuevos programas, que canalizarán más de 100 mil millones de pesos, el censo debe cumplir tres requisitos indispensables: institucionalidad, cobertura universal y rigor técnico.
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