La Contraloría Social se ha convertido más en una figura decorativa que en un mecanismo de participación eficaz. Ha carecido de autonomía y sobretodo de medios de incidir en la corrección de las posibles situaciones detectadas.
Este año se debe crear el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como resultado de la reforma constitucional aprobada el año pasado, gracias a la presión de actores de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas, entre muchos otros.
El SNA debe constituir un parte aguas en la gestión de los recursos y la autoridad pública. Para ello requiere la participación de la ciudadanía a fin de trascender los modelos burocráticos y el enfoque puramente punitivo.
La mejora de la función pública requiere gobernanza democrática. Esto quiere decir que mejorar la efectividad, transparencia, rendición de cuentas y control normativo del ejercicio gubernamental requiere contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana. Estos mecanismos deben estar insertos de manera adecuada y sustantiva en la gestión pública.
Desde el diseño constitucional, el SNA ya contempla una instancia superior de participación ciudadana. Esta instancia superior requiere “cerrar la pinza desde abajo” con una conexión sólida y eficaz con la ciudadanía “de a pie”.
La conexión “hacia abajo” del SNA permitiría relanzar y potenciar la contraloría social, que hasta ahora ha sido figura decorativa y apéndice de una administración pública muy cerrada y con bajísimo nivel de rendición de cuentas.
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