Es notable la operación para colocar a personas clave en los puestos clave desde la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, que tienen acceso a información privilegiada y cuya experiencia radica en la operación político electoral y no en el diseño e implementación de políticas sociales eficaces.
Desde la sociedad civil hemos reiterado nuestro compromiso de vigilar en tiempos de campañas electorales el uso indebido de recursos presupuestales, etiquetados para programas sociales, con propósitos de proselitismo partidista. Nuestra intención es evitar delitos que atentan contra las acciones para abatir la pobreza que afecta -desde hace 25 años- a la mitad de los mexicanos.
Hemos afirmado siempre que esa práctica es, por desgracia para quien vive en pobreza y para la democracia del país, generalizada en los partidos políticos y por la inmensa mayoría de los candidatos a cargos de representación popular.
El uso electoral de programas sociales es inútil para superar la pobreza y es un atentado al desarrollo comunitario, a la participación política, a los derechos y libertades de las personas que viven en pobreza.
Nuestra preocupación ahora se deriva de un conjunto de acciones recientes que revelan -al menos- intenciones de recurrir a esas prácticas clientelares que convierten a la pobreza en un paraíso electoral de los partidos políticos.
Oportunamente expresamos la preocupación que provocó el nombramiento de Luis Enrique Miranda como delegado general del PRI en el Estado de Chiapas, entidad donde hay más personas en condición de pobreza que electores. Coneval reporta 4 millones 259 mil 500 habitantes que reciben un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir no les alcanza ni para comprar una canasta básica y el padrón electoral registra 3 millones 459 mil 776 de electores.
Un secretario de Desarrollo Social tiene información privilegiada: acceso ilimitado a datos estratégicos que le permiten conocer la dispersión de los presupuestos autorizados a cada programa, sus operadores, las localidades en las que viven las personas en pobreza, cómo se llaman, qué edad tienen, cuál es su grado de escolaridad, cuál es su ingreso, qué carencias tiene cada hogar y qué beneficios reciben de los programas sociales, entre otros. Poner esta información al servicio de un partido político es cuestionable.
Esa información ha sido usada en el pasado para coaccionar a millones de ciudadanos para votar por un determinado partido o candidato, asistir a eventos proselitistas, abstenerse de votar, votar en contra de determinado candidato, bajo la amenaza de suspenderles sus apoyos o la oferta de incorporarlos como beneficiarios.
En este contexto, y frente a las elecciones de 2018, es notable la operación para colocar a personas clave en los puestos clave desde la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal que tienen acceso a información privilegiada y cuya experiencia radica en la operación político electoral y no en el diseño e implementación de políticas sociales eficaces.
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