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Comunicado 11/ 2021

Abril 29, 2021

Con motivo del Día Internacional del Trabajo

 

Trabajo Digno: La clave para la reactivación económica sostenible

 

  • Con 56 millones de personas en la Población Económicamente Activa, México es una gran potencia mundial
  • Pero no despega por la precariedad que afecta a 30 millones de personas con trabajos “informales”, esto es, sin seguridad social y bajos ingresos.
  • Aún no se recuperan 2 millones de trabajos perdidos por la pandemia

 

Reactivar la economía con base en trabajo digno es esencial para ampliar el mercado interno, incrementar la productividad y reducir la pobreza y la informalidad. Con 56 millones de personas económicamente activas, México puede ser una gran potencia mundial y lograr crecimientos sostenidos, con base en sus múltiples ventajas competitivas.

Este 1º de mayo, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hace un llamado al gobierno, la iniciativa privada, a las organizaciones sindicales y al conjunto de la sociedad, a acordar una agenda de transformación que ponga en el centro los derechos laborales y promueva la reactivación económica con igualdad e inclusión, especialmente de jóvenes y mujeres.

Un acuerdo así requiere desechar el paradigma económico que suponía que la ventaja comparativa y la competitividad de nuestro país está basada en bajos salarios y precariedad laboral. La subcontratación abusiva fue uno de los resultados nefastos de ese paradigma. Esta práctica ahora ha quedado prohibida con la reciente reforma legislativa, surgida de un acuerdo tripartito. Ese impulso de diálogo social, acuerdos y transformación debe continuar e ir más lejos.

El resultado del paradigma económico basado en la precariedad laboral y los bajos salarios es negativo para todos los actores económicos: reduce la masa salarial y con ello contrae el mercado interno[1], mantiene estancada la pobreza que afecta a la mitad de la población[2], y excluye al 57% de la población económicamente activa por la informalidad, es decir con carencia de seguridad social[3], pese a que muchos tienen empleos asalariados y subordinados (ver más datos al final)

Una agenda de reactivación económica con igualdad e incluyente, debe promover crecimiento económico con respeto a derechos laborales, para lo cual proponemos se consideren, al menos las siguientes medidas:

  • Mantener la recuperación gradual de los salarios y aprobar un plan multianual de recuperación del valor del salario mínimo hasta que cubra el costo de la canasta básica familiar.[4]
  • Una política de remuneraciones para la productividad. Por ejemplo un acuerdo que permita compensar con bonos e incentivos económicos a trabajadores en los momentos de mejoras de productividad e incremento de ventas e ingresos de las empresas, y que se apliquen como adelanto del “reparto de utilidades” (PTU), sin necesidad de modificar la fórmula.
  • Agilizar y acelerar la aplicación de la reforma laboral. Por una parte, en el proceso de legitimación de los contratos colectivos, a fin de erradicar los contratos de protección, tan frecuentes en diversas ramas como la construcción. También respecto a la elección democrática, transparente y mediante voto directo y secreto de la representación sindical, a fin de superar la corrupción y simulación de líderes sindicales.
  • Aprobar el Sistema Nacional de Cuidados. Y asignarle presupuesto suficiente para crear servicios de cuidado que posibiliten la incorporación económica de millones de mujeres que hoy están excluidas, por una división sexual del trabajo impuesta y patriarcal que les asigna “naturalmente” las tareas de cuidado de sus hijas e hijos y labores domésticas.
  • Ampliar oportunidades para jóvenes. Ajustar y fortalecer la política de empleabilidad de jóvenes, afinando y dando continuidad al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, actualizando y articulando los programas de capacitación para el trabajo y vinculando la educación técnica y tecnológica con la oferta laboral.
  • Crear un “Covid-bono”. Esto es una transferencia económica de emergencia que garantice un ingreso mínimo vital a quienes se quedaron sin trabajo en la pandemia y que sirva como base para futuras emergencias.
  • Finalmente hay que romper la raíz de la informalidad. El primer paso es romper el cordón umbilical entre salud y trabajo. El acceso a servicios de salud no debe estar encadenado al régimen laboral, pues es un derecho humano, no debe considerarse una “prestación laboral”. El financiamiento de la salud debe cubrirse con impuestos generales y ya no depender de “cuotas obrero-patronales” que elevan los costos de la creación de empleos e incentivan la evasión a la seguridad social. Hay que acordar una ruta de largo aliento para superar el modelo de “seguro social” encadenado al trabajo y avanzar de manera progresiva hacia la protección social, con salud, pensiones y servicios de cuidado como derecho de las personas.

Tabla: Los saldos de la pandemia (Marzo 2020 a Marzo 2021)

Indicador

(millones de personas)

Actual

Marzo 2021

Hace un año

Marzo 2020

Reducción

Aumento

Ocupadas

53.8

55.8

2.0

 

Desempleadas

(desocupadas + disponibles)

10.2

7.6

 

2.6

Subocupadas

5.1

7.1

 

2.0

Con trabajo asalariado (empleo)

36.6

38.8

2.0

 

Trabajan por su cuenta

12.3

12.0

 

0.3

Fuente: INEGI. Resultados oportunos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Abril 2021, con datos a Marzo 2021.


Figura: Indicadores del derecho al trabajo digno

[1] La masa salarial en el PIB en 2019 es 1.4 puntos menor a la que tenía en 2010. Representa la cuarta parte del PIB.

[2] Entre 2008 y 2018, el porcentaje de población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria es el mismo: 49% de la población. Con la pandemia esto ha empeorado y se estima un incremento de 8 puntos porcentuales más.

[3] La Tasa de Informalidad Laboral en marzo de 2021 es de 56.8%. De 2010 a 2020 pasó de 59.3% a 55.6. Esto muestra una tendencia estructural que afecta a más de la mitad de la población económicamente activa.

[4] La canasta básica familiar equivale al costo de dos canastas básicas en zonas urbanas. Este monto permite que familias hasta con cuatro integrantes y dos perceptores de ingreso puedan superar la línea de bienestar usada en la medición de la pobreza.