Comunicado de prensa No. 1/2021

Validar derechos, sería el justo reconocimiento a la vigencia real de la constitución mexicana

  • 22 millones sin trabajo, según datos del Censo 2021

  • 11 millones y medio de jóvenes sin acceso a la educación media

  • Más de la mitad de la población sin seguridad social y salud

  • México pobre, es un México sin derechos.

Foto: Archivo General de la Nación

Un Estado pobre -sin recursos suficientes para la transformación social-  y un gobierno débil -sin dientes- para promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos consagrados en la Constitución, hace que los festejos por su 104 aniversario sean, oraciones al desierto.

Históricamente, la tendencia ha sido legislar para garantizar los derechos en el papel sin disponer de recursos presupuestales para validarlos, como puede ocurrir pronto si el congreso aprueba una ley de cuidados -indispensable abatir la exclusión de las mujeres del trabajo digno- si no se fija, desde ahora, el presupuesto necesario para su operación en términos de calidad y suficiencia. 

En el 104 aniversario de la constitución mexicana, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza realizó un análisis sobre la vigencia de los derechos consagrados en nuestra carta magna, con los nuevos datos del Censo 2020, para concluir que un México Pobre es un México sin derechos, a pesar que hace 10 años se adoptó -en la letra en el art. 1º- el paradigma de todos los derechos para todas las personas como fundamento y finalidad del Estado. 

Derecho al trabajo digno

El ejercicio del derecho al trabajo digno, por ejemplo, es consagrado en el artículo 123 constitucional pero es letra muerta para 22 millones 500 mil mexicanos excluidos del sector laboral, en su mayoría mujeres y jóvenes, mientras que, de acuerdo al Censo 2021, hay 801 mil adolescentes trabajando, situación prohibida por la misma norma. 

Los estados con mayor número de personas sin trabajo son: EdoMex (2.9 millones), Veracruz (1.7 millones), CDMX (1.4 millones), Jalisco (1.3 millones), Puebla (1.2 millones) y Guanajuato (1.1 millones). Estos 6 estados concentran casi la mitad de la población sin trabajo (44%). Los estados con mayor porcentaje de personas sin trabajo son: Oaxaca (30%), Zacatecas (29%), Chiapas (27%), Veracruz (26%), Durango y Guerrero (26%). (Figura 2 del documento completo)

Los estados con mayor cantidad de mujeres sin trabajo son Estado de México (2.9 millones), Veracruz (1.7 millones), CDMX y Jalisco (1.4 millones), Puebla y Guanajuato (1.2 millones). Los estados con mayor tasa de mujeres sin trabajo son Zacatecas (45.6%), Oaxaca (43.7%), Chiapas (43.1%), Veracruz (42.1%), Durango (39.7%) y Michoacán (39.6%). Y los estados donde la proporción de las mujeres sobre el total de personas sin trabajos es mayor son: Nuevo León (85.1%), Yucatán (84.8%), Campeche (84.1%), Puebla (83.9%), Veracruz (83.8%) y Chiapas (83.7%).

Derecho a la salud

La constitución vincula el derecho a la salud a las prestaciones sociales, la aberración jurídica hace que,  según el Censo 2021, solo el 44% de la población disponga de afiliación a alguna institución de seguridad social dejando al resto sin acceso efectivo al derecho a la salud, recibiendo servicios de menor calidad o recurriendo al gasto de bolsillo para atenderse.

Los estados con menor afiliación a servicios de salud de la seguridad social son Chiapas (17.5%), Oaxaca (22.1%), Guerrero (23.9%), Puebla (27.1%), Tlaxcala (31.2%), Michoacán (31.6%) y Tabasco (31.7%). Lo que confirma la alta correlación entre condiciones de pobreza y falta de acceso a la seguridad social (ver figura 6 del documento).

En el otro extremo, los estados con mayor afiliación a servicios de salud de la seguridad social son Coahuila (72.1%), Nuevo León (66.4%), Baja California Sur (64.5%), Sonora (62.8%), Aguascalientes (61%) y Chihuahua (59.9%) (ver figura 6).

Los estados con mayor porcentaje de personas sin afiliación a servicios de salud son Michoacán (37.7%), Estado de México (33.5%), Chiapas (32.9%), Tabasco (31.5%), Hidalgo (30.2%), Jalisco (29.6%) y Oaxaca (29.5%) (ver figura 6)

Derecho a la educación

Otro derecho básico es la educación: el Censo 2021 revela que no están en la escuela 5 millones 317 mil niños y adolescentes (3 a 17 años de edad) y que 11. 5 millones de jóvenes (15 a 24 años de edad) no tienen acceso a la educación media superior. La pandemia ha convertido a internet en la única puerta de acceso a la educación: el censo afirma que en México solo el 33 % de los hogares disponen de internet y equipo de cómputo o tableta.

El Censo 2020 muestra que los estados con mayor proporción de niñas y niños de 3 a 5 años fuera de la escuela, son Baja California (49.3%), Chihuahua (47.9%), Sonora (45.9%), Tamaulipas (44.4%) y Quintana Roo (44.1%) (ver figura 9 del documento). En el otro extremo, el grupo de edad, jóvenes entre 15 y 19 años de edad, la etapa de la educación media superior y la transición a un siguiente nivel educativo, los estados con más proporción de jóvenes fuera de la escuela son: Chiapas (49.3%), Michoacán (45.5%), Guanajuato (45%), Oaxaca (43.1%) y Zacatecas (41.4%) (ver figura 10 del documento).

Los estados con menor proporción de viviendas con conectividad a Internet y equipo de cómputo (incluye tableta), son Chiapas (12%), Oaxaca y Guerrero (16%), Tabasco (20%), Veracruz y Tlaxcala (22%). Y en el otro extremo, están la CDMX (56%), Baja California (46%), Nuevo León y Querétaro (44%), Aguascalientes (41%), Baja California Sur y Jalisco (40%) 

El derecho a una vida digna

El Censo de Población y Vivienda 2021 también exhibe que hay muchos mexicanos para quienes el derecho a una vida digna aún es una promesa. Hay millones viviendo sin agua entubada  y sin sanitario en su hogar, sin refrigerador, en pisos de tierra y otras carencias. 

Carencias sociales, numeralia

1.2 millones

Personas viviendo en viviendas precarias (1% de la población). 

4.7 millones

Personas que viven aún en viviendas con piso de tierra (4% de la población).

14.9 millones

Personas que no disponen de refrigerador en su vivienda.  Lo cual genera serias limitaciones para una alimentación variada, suficiente y nutritiva, por la dificultad para conservar los alimentos (12%).

30.1 millones

Personas que carecen de agua entubada dentro de su vivienda (24%).

46.1 millones 

Personas que viven en viviendas sin sanitario con agua corriente y conectado a la red pública de drenaje (37%).

México requiere un Estado fuerte y un gobierno comprometido presupuestalmente; es decir en los hechos, con el derecho al trabajo digno, la cobertura universal en salud, la creación de un sistema nacional de cuidados, con un modelo de educación de calidad e incluyente, y con el compromiso de garantizar un ingreso básico para las personas adultas mayores y otros segmentos vulnerables de la población.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hace un llamado a celebrar el 104 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución impulsando desde la sociedad civil, el ejercicio efectivo de los derechos, para llevarlos a la práctica y que no queden sólo en el papel. 

El colectivo propone como una reforma social de gran alcance separar el acceso al derecho a la salud de las prestaciones laborales, y analiza cómo esta vinculación excluye y se genera por un modelo tomado del contexto alemán del siglo XIX (Bismark). 

El documento de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza incluye 10 acciones urgentes para hacer frente a la pobreza y la desigualdad que se acrecientan ante la crisis sanitaria y su secuela económica, política y social:

Propuestas de acciones inmediatas frente a la pobreza y la desigualdad 

  1. Programa de Desarrollo Infantil Temprano, que prevenga la desnutrición y permita el desarrollo cerebral en los primeros 1000 días de vida.
  2. Mejora de la calidad educativa de las escuelas de educación inicial, básica y media superior en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas  y ampliación de la oferta educativa para jóvenes, con opciones técnicas y  tecnológicas vinculadas a las nuevas tendencias del trabajo.
  3. Beca para estudiantes por asignación universal a todos los hogares de bajos ingresos, para todos los niveles educativos, crecientes por nivel y mayor para mujeres a partir de secundaria.
  4. Programa de primer empleo para jóvenes con mayores desventajas, incluyendo una alternativa de 2ª oportunidad para concluir el nivel medio superior en opciones enfocadas a la inclusión económica y el trabajo.
  5. Incremento gradual al salario mínimo, hasta que cubra al menos el costo de 2 canastas básicas y sanciones e incentivos para erradicar el outsourcing ilegal, los contratos de protección y demás violación a derechos laborales.
  6. Fomento al cooperativismo y la economía social con fondos de inversión, crédito productivo y asistencia técnica / capacitación especializada y creación de modelos de asociación en macro-proyectos.
  7. Promoción de proyectos de economía sustentable y energías renovables para el cuidado de la riqueza natural y la biodiversidad.
  8. Ampliación de servicios de cuidado con estancias de desarrollo infantil, escuelas de tiempo completo y modelos innovadores para el cuidado de niñas (os) y personas con necesidad de cuidado.
  9. Cobertura universal de salud, con igual presupuesto y calidad de servicios e integración funcional de la atención primaria en salud, que posibilite desvincular la salud del régimen laboral y convertirla en derecho de las personas.
  10. Transferencia de ingreso básico de emergencia a personas que perdieron su trabajo en la pandemia y otras formas de apoyo a la creación y conservación de empleos productivos, mediante un padrón único transparente e integrado  en un registro unificado de pensiones, contribuciones e impuestos.