Hay atajos para lograr trabajo digno: 

Protección social universal financiada con impuestos generales, no con “cuotas obrero-patronales”.

Mayo 13, 2019

• Las condiciones del trabajo se deterioran cada vez más. En 12 años, se agregaron casi 6 millones de personas sin condiciones dignas de trabajo.
• Hay 14.6 millones de personas trabajadoras con empleo, pero sin afiliación a la seguridad social.
• Frente a la pobreza y la desigualdad generadas desde estructuras del trabajo, urge explorar nuevas rutas para garantizar seguridad social como un derecho de todas las personas: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el marco de la primera mesa de diálogo “Por el Derecho al Trabajo Digno”, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza refrendó la propuesta de explorar las vías para construir un sistema de protección social que sea un derecho para todas las personas, y que sea financiado con impuestos generales y no con cuotas “obrero-patronales”, como una estrategia eficaz para garantizar el derecho al trabajo digno.

Los resultados de la administración de Peña Nieto, llamado el rey del empleo, demuestran que las mismas recetas solo conducen al fracaso.

Algunos datos del Observatorio de Trabajo Digno muestran la importancia y la urgencia de esta propuesta para encontrar otras maneras de incrementar empleos con seguridad social y condiciones laborales dignas:

• Entre 2006 y 2018, se incrementó en casi 6 millones el número de personas trabajadoras, con empleo y salario, que no cuentan con condiciones dignas de trabajo.  

Eran 19.7 millones de personas a fines de 2006, se incrementó a 23.6 millones de personas a fines de 2012 y para fines de 2018, sumaron 25.6 millones de personas. 

• 8 de cada 10 personas, con empleo y salario, presentan alguna de las 5 carencias de incumplimiento del trabajo digno para las cuales hay datos duros de medición: subocupación, jornadas laborales superiores a 48 horas a la semana, ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica, afiliación a la seguridad social y contrato estable de trabajo

• También se ha incrementado la informalización forzada a personas que trabajan para un empleador (persona física o moral) y que no son afiliadas a la seguridad social como marca la ley.

Sumaban 14.6 millones de personas a fines de 2018, casi 4 millones más que en 2006. Representan el 42% de personas que trabajan con empleo y salario.  

En 2012, eran 14.2 millones y representaban el 45%. Y, a fines de 2006, eran 10.9 millones y representaban el 41% del total de personas trabajadoras, empleadas con salario.

Propuestas de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

La seguridad social es un derecho en sí mismo, forma parte del derecho al trabajo digno. 

Hasta ahora la seguridad social ha estado segmentada en México de acuerdo al régimen de contratación laboral de las personas.  Esta realidad contradice el acceso universal como derecho. 

La segmentación por una parte genera trato diferenciado: en la iniciativa privada la obligación es la afiliación al IMSS. En el gobierno la obligación es la afiliación al ISSSTE. En muchos gobiernos estatales se han creado “ISSSTEs” locales. En algunas empresas del estado se crearon institutos propios, como en PEMEX. El Ejército y la Marina cuentan con su propio instituto: el ISSSFAM.  Algunas empresas también ofrecen mecanismos de aseguramiento privado para gastos médicos.

Por otra parte, el esquema de afiliación ligado a la contratación laboral excluye a importantes sectores de la población. La principal carencia social según CONEVAL es la carencia de seguridad social. Afecta a 68.4 millones de personas según la medición mas reciente (2016). 

Si se consideran los desabastos de medicina, la falta de médicos en las unidades familiares, la falta de capacidad para atender la demanda de pruebas de laboratorio, el reducido número de quirófanos y espacios para tratamientos de rehabilitación y otras carencias en clínicas y hospitales del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular, el acceso efectivo a la salud se reduce a un porcentaje mínimo, pero con un significativo “gasto de bolsillo” para los asegurados. 

No sólo las personas desempleadas o que trabajan por su cuenta en el sector informal padecen esa carencia. Incluso personas con trabajo, empleadas y con salario, no son afiliadas, como lo muestran los datos del Observatorio Trabajo Digno (14.6 millones a fines de 2018).

Por eso es pertinente proponer la necesidad y la urgencia de explorar si puede haber una transición a un sistema de protección social, que logre cobertura universal progresiva, iniciando por los sectores más pobres y avanzando también progresivamente en los diferentes componentes: acceso a servicios de salud; pensiones en edad avanzada; ingresos en caso de incapacidad, discapacidad, accidente, enfermedad o incluso en caso de desempleo; acceso a servicios de cuidado infantil y fondos de ahorro y subsidios progresivos para la vivienda. 

Este sistema debe estar basado en el principio de que la seguridad social es un derecho. Y que su garantía por parte del estado debe estar guiado por los principios de universalidad y progresividad.  Es indispensable erradicar el trato diferenciado, en particular, la creación de servicios de “segunda” y paquetes de atención de baja calidad para zonas marginadas y población con mayores carencias.

“Frente a la Pobreza” propone a las autoridades, a legisladores, a organizaciones de empleadores y de trabajadores, a los académicos y expertos, y en general, al conjunto de la sociedad, a realizar un amplio y serio diálogo social sobre el derecho al trabajo digno en general y sobre la urgencia de explorar un nuevo mecanismo de financiamiento, con impuestos generales, y ya no con “cuotas obrero-patronales”, para construir un sistema de protección social para todas las personas, sin distinción de su contratación laboral. 

Un sistema así puede promover la creación de empleos y mejorar las condiciones de trabajo de millones de personas que hoy carecen de seguridad social. La protección social universal puede ser el detonante del crecimiento que requiere nuestra economía porque contribuye a mejorar la productividad.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada el 12 de mayo de 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil.  Hoy se cumple su 4º aniversario.  El Observatorio de Trabajo Digno es su proyecto más reciente y se puede consultar en www.frentealapobreza.mx