El anuncio del nuevo plan para ofrecer acceso a servicios de salud para quienes carecen de seguro social a través del IMSS Bienestar estuvo centrado en reiterar la narrativa contra la corrupción del pasado, muy bien ejemplificada en hospitales sin terminar o sin equipamiento.
La corrección ofrecida fue revertir la descentralización de los servicios de salud a cargo de los gobiernos estatales para volver a la gestión federal mediante convenios con el IMSS.
Aún no se explica de dónde vendrán los recursos para garantizar la atención de alrededor de 70 millones de personas que carecen de afiliación al seguro social. Tan solo para equiparar el presupuesto por persona, entre población con y sin seguro social, se requieren más de 200 mil millones de pesos adicionales de gasto corriente que no están aprobados en el presupuesto.
Menciono tres problemas que urge enfrentar, pues afectan gravemente el bolsillo y la salud de las personas: desabasto de medicamentos, reducción de la capacidad de atención y su efecto: “privatización en la práctica”. Y apunto un camino para avanzar que es efectivo para las personas y también para el sistema de salud, al priorizar la atención primaria en salud.
El desabasto de medicamentos es solo la punta del iceberg más notorio y doloroso del desastre acumulado por años y agravado en años recientes. En 2021, más de 22 millones de recetas no fueron surtidas efectivamente (10.3%) y 15 millones en 2020 (8%), según el informe de transparencia 2017-2021 del Colectivo Cero Desabasto.
Según el mismo informe, el número de consultas ofrecidas por los servicios de salud cayó a la mitad, pues de 107 millones de consultas en 2017 y 97 millones en 2018 a 45.5 millones en 2020 y 45.3 en 2021.
La proliferación de los consultorios adyacentes a farmacias es el síntoma de la incapacidad del sistema público de salud. Estas “unidades médicas” se han convertido en la práctica, en el sustituto de la atención ambulatoria y de primer contacto, para millones de pacientes. La “privatización práctica” ha incrementado 40% el gasto de bolsillo de los hogares entre 2018 y 2020. Pero lo más grave es que ese modelo de atención privada carece de capacidad de prevención y seguimiento de casos.
Dar prioridad a la infraestructura y a la atención hospitalaria es insuficiente y puede ser catastrófico. La prioridad es garantizar acciones preventivas, detección oportuna y control de casos para prevenir su complicación. Los consultorios adyacentes a farmacias carecen de capacidad e interés para hacer medicina preventiva y seguimiento de casos de riesgo.
La pandemia nos ha enseñado la importancia del cuidado personal, familiar y colectivo para minimizar riesgo de contagio. La vacunación nos muestra el gran valor de las acciones de prevención. Esas mismas enseñanzas sobre conciencia del riesgo, prevención y control de casos antes que se compliquen, se pueden y se deben aplicar a otros padecimientos.
Especialmente resulta urgente aplicar este aprendizaje para prevenir y controlar enfermedades crónicas con altas prevalencias en México como la diabetes y la hipertensión, que siguen siendo las principales causas de muerte.
Es totalmente factible y costo efectivo para el sistema de salud y para las personas evitar que estas enfermedades se compliquen hacia cuadros graves. La prevención de riesgos y el control para prevenir complicaciones no requiere hospitales, sino medicina preventiva y seguimiento cuidadoso de casos: esta es una de las funciones de la atención primaria en salud. Sin ella, no habrá presupuesto que alcance.
Fuente: El UNIVERSAL