La salud es un derecho humano. Sin embargo en México, el ejercicio del derecho a la salud depende del régimen laboral, pues es parte de la seguridad social.
La salud es un derecho humano. Sin embargo en México, el ejercicio del derecho a la salud depende del régimen laboral, pues es parte de la seguridad social.
De entrada, quedan sin acceso quienes no tienen trabajo. Y también quienes trabajan por su cuenta, pues su afiliación a la seguridad social es voluntaria.
Además, en la práctica, hay 14 millones de trabajadores asalariados que no tienen acceso a servicios de salud. Es una violación de la ley. Pero permitida por las autoridades de múltiples maneras.
De hecho, en la medición de la pobreza de Coneval, la carencia social más alta, que afecta al 57% de la población, es la carencia por seguridad social, por lo que esta situación es una de las causas principales de la pobreza. Sin embargo la decisión más importante sería cómo garantizar el acceso efectivo a servicios de salud como un derecho de las personas y no como una “prestación” derivada del tipo de trabajo y el cumplimiento por parte de los patrones. Urge entonces una deliberación a fondo para construir un modelo de seguridad social como un derecho y no como parte del contrato laboral.
Y el primer paso urgente e indispensable sería el acceso efectivo a la salud. Hay estudios serios que muestran que alrededor de la mitad de las muertes en México son evitables. Se trata de muertes por enfermedades curables, en personas menores a 75 años de edad (o de 50 años si tienen diabetes).
Lograr cobertura universal, como lo ha ofrecido el nuevo gobierno es una gran noticia. Puede ser uno de sus logros más importante, por su impacto en la calidad de vida de las personas e incluso en la productividad.
Para lograr la cobertura universal con acceso efectivo y atención oportuna y adecuada es indispensable un enfoque centrado en las personas. Y para lograrlo hay que definir cómo hacer funcionar de manera integrada los servicios públicos de salud, que hoy operan de manera fragmentada y sin coordinación.
De entrada, la cobertura universal no requiere “desaparecer” al IMSS o al ISSSTE, ni fusionarlos en una sola entidad. Se requiere algo más simple y a la vez complejo: hacer que los prestadores de servicios —públicos y privados— garanticen una atención de calidad, con un mecanismo de financiamiento sostenible y equitativo, cubierto sobretodo con impuestos generales.
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