La desaparición del programa Prospera, antes Oportunidades y Progresa, (POP en siglas) tiene múltiples consecuencias negativas. Es demasiado pronto para poderlas medir y aún no se despliegan todos los efectos posibles.
La desaparición del programa Prospera, antes Oportunidades y Progresa, (POP en siglas) tiene múltiples consecuencias negativas. Es demasiado pronto para poderlas medir y aún no se despliegan todos los efectos posibles.
En mi colaboración anterior traté de explicar la gravedad de la decisión de desmantelar el único programa social que apoya a más de 6 millones de los familias más pobres del país y que cuenta con resultados positivos en nutrición, salud y educación medidos mediante evaluaciones rigurosas de impacto (Réquiem por Progresa-Oportunidades-Prospera, http://eluni.mx/1t6mrbm).
En respuesta a ese texto, varias personas compartieron en redes sociales su perplejidad, incluso desde otros países. Varias hicieron comentarios coincidentes sobre la falta de sustento de la decisión y su gravedad.
Lo mismo se dijo en un seminario académico a propósito del libro sobre los 20 años del POP. Incluso investigadores muy críticos del programa coincidieron que su desaparición es una mala noticia para el país. (Las sesiones del seminario se pueden ver en el canal de YouTube del Coneval).
En ese evento se compartieron informaciones preocupantes, como casos de jóvenes de secundaria que ya no se van a inscribir al siguiente ciclo escolar.
También se prevé el incremento de la desnutrición de niñas y niños menores de 5 años, con lo cual se afecta su crecimiento y su desarrollo cerebral para toda la vida. La semana pasada EL UNIVERSAL informaba el cierre de las 300 unidades urbanas del IMSS Bienestar, que tenían como tarea proveer el paquete de salud y nutrición para mujeres, niñas y niños beneficiarias del POP (EL UNIVERSAL, 17/06/2019).
Otro gran foco rojo es que no se sabe quién recibirá las “becas Benito Juárez”, que es el programa que usará los recursos del POP. Ante una petición de acceso a la información vía el Inai, la Secretaría de Bienestar afirma no tener los documentos técnicos ni la información sobre la aplicación del “censo del bienestar”. Y refiere que esa información se solicite a la oficina de la Presidencia. Esto es casi una “confesión de parte”, sobre la falta de institucionalidad y el sesgo político del padrón construido con ese “censo”.
La otra pregunta que flota en el ambiente es por qué no ha habido más protestas, dado que Prospera entregaba transferencias directas a más de 6 millones de familias, cada dos meses, desde hace muchos años, de manera regular e ininterrumpida.
No hay aún respuesta. Una razón es que desde su origen el programa no promovió estructuras organizativas, como sí las hay por ejemplo en otros programas.
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