La prioridad del nuevo gobierno frente a la pobreza abre la oportunidad de un gran acuerdo nacional, de largo aliento y con amplísima convocatoria.
La prioridad del nuevo gobierno frente a la pobreza abre la oportunidad de un gran acuerdo nacional, de largo aliento y con amplísima convocatoria. Esta prioridad puede convertirse en un auténtico objetivo nacional. Puede ser punto de confluencia y colaboración entre una gran pluralidad de actores. Puede además ser factor esencial para la construcción de paz y seguridad ciudadana.
Para ello se necesita una base común, un marco conceptual y normativo compartido, que vaya más allá de las medidas y de los nuevos programas del nuevo gobierno —sin menospreciarlos.
Ese marco conceptual y normativo está al alcance y de hecho no es optativo: se trata del enfoque de derechos humanos, establecido en el Art. 1º de la Constitución desde 2011.
Ahí se establece: 1) Que toda autoridad pública está obligada en su campo de atribuciones a respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Y 2) Que los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales reconocidos por México, son parte vigente y válida de nuestra normatividad.
Viene al caso este llamado a construir un gran acuerdo, no sólo porque la discusión presupuestal y el arranque de los nuevos programas sociales debieran tener como foco esta obligación. Sino también porque el pasado 10 de diciembre, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS) presentaron un aporte fundamental para avanzar.
Ese día —con la participación del ombdusman Luis Raúl González Pérez—, se presentó el libro Pobreza y Derechos Sociales en México, así como 6 importantes estudios de diagnóstico sobre derechos sociales. (Disponibles en www.coneval.org.mx).
La propuesta presentada por Coneval y el IIS–UNAM permite dar un nuevo paso sobre lo ya logrado con la medición multidimensional de la pobreza, sin descartarla. Y permite superar la trampa promovida por el gobierno anterior de pretender modificar las variables de la medición de la pobreza, sin transformar las realidades.
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