El trabajo no debería ser fuente de pobreza. Quien trabaja no debe ser pobre. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede en el país.

El trabajo no debería ser fuente de pobreza. Quien trabaja no debe ser pobre. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede en el país.

El salario mínimo legal apareció por primera vez en México con la promulgación de la Constitución de 1917. En aquel momento México era uno de los pocos países en todo el mundo que incorporaban este concepto de avanzada: Nueva Zelanda en 1894, Australia en 1896 y el Reino Unido en 1910. Después siguió México. Desde entonces, el salario mínimo se definió en el artículo 123 de nuestra Constitución como aquel que debía ser suficiente para sostener dignamente (en el orden material, social y cultural) a un trabajador y su familia. Nada más, pero nada menos.

En México, sin embargo, la pobreza se da por decreto. Quienes perciben el salario mínimo legal están condenados a vivir en la pobreza. La señal que se manda con este hecho es brutal: el trabajo no es la vía para aspirar a una vida mejor. Se puede trabajar honradamente y seguir siendo pobre. En México el salario mínimo es un factor de pobreza para quien trabaja.

Para empezar, existe una profunda contradicción entre dos instituciones del Estado mexicano. Por un lado, mes con mes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) órgano responsable de la medición de la pobreza, señala el umbral inferior, indispensable e infranqueable de supervivencia para una persona, que equivale al costo de la canasta básica (alimentaria y no alimentaria).

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