Para mejorar los servicios de salud hay que garantizar que los recursos lleguen completos a su destino. Se requiere eliminar las grietas legales que posibilitan su desvío. También se debe enfrentar la opacidad que posibilita su malversación o su dispendio.
Tener nuevas herramientas institucionales para combatir la corrupción es indispensable para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Esto es muy claro en todos los campos.
La desviación de los recursos para la salud, los “moches” en las obras de infraestructura, la captura de los programas de “apoyo productivo para el campo” por parte de grandes terratenientes, y en general, los malos manejos en los recursos públicos constituyen un factor de perpetuación de la pobreza y profundización de la desigualdad.
Por eso, como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza participamos activamente en la promoción de la Iniciativa Ciudadana de la “Ley 3de3”. Nos sumamos a un conjunto de organizaciones que impulsan esta Iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
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