Organismos empresariales y sociedad civil asumen compromisos por salario suficiente y contra el outsourcing ilegal

Impulsar la recuperación gradual de los salarios y tomar medidas para enfrentar los modelos de outsourcing ilegal basados en patrones sustitutos, contratos temporales para trabajos permanentes y evasión de las obligaciones a la seguridad social y negación de prestaciones, son dos propuestas desde la sociedad civil que impulsa la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y que han sido asumidas por diversos organismos empresariales como la Coparmex y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). 

Estas propuestas han sido ya presentadas a diversas organizaciones empresariales y son el contenido central de la Mesa de Diálogo realizada hoy con la participación de David Kaplan, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación (CONAPRED); Francisco López, Director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Jaime Santibáñez, Presidente de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).

El informe reciente de medición de la pobreza en México muestra que la pobreza está estancada. Entre 2008 y 2018 baja sólo 2 puntos porcentuales, de 44% a 42%. Son 0.24 décimas de punto por año.  Según esta medición del Coneval las dos carencias que se mantienen en los niveles más altos y no cambian significativamente son la carencia de seguridad social que afecta a 71 millones 700 mil personas (57% de la población) y el ingreso insuficiente para comprar la canasta básica, que afecta a 61 millones de personas (49% de la población).  Ambas carencias provienen del mundo del trabajo.

Frente a la pobreza urgen medidas desde la política económica y en especial desde la laboral. El mercado laboral en México vive una situación más grave que otros países de América Latina con economías similares o incluso menores. El mundo del trabajo en México es de los peores de la región por bajos salarios, falta de seguridad social, ausencia de contratos formales y capacidad de negociación colectiva.

La propuesta urgente de “Frente a la Pobreza” es solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos apruebe un incremento de $30 más al día, $900 más al mes, únicamente a los salarios mínimos, ¡YA!, antes de realizar la revisión de fin de año. Este monto en pesos y centavos, permite diferenciar este aumento únicamente para la recuperación del valor del salario mínimo, del ajuste porcentual de fin de año, que sirve como referencia (o “faro”) para el conjunto de ajustes salariales y negociaciones contractuales y que debe estar ligeramente por encima de la inflación. 

La propuesta frente al outsourcing es buscar que se entienda la diferencia entre prácticas que ya son ilegales, como el uso de “patrón sustituto” es decir trabajar para una empresa, pero cobrar la  nómina de otra empresa o empleador; o como el uso de contratos temporales de 30 ó 90 días que se van renovando por años, porque en realidad realizan trabajos permanentes; o las diversas formas para evadir el pago total o parcial al IMSS, pagando por fuera o con “honorarios asimilables a salarios” para empleos que son subordinados y permanentes. Y así evitar que ese modelo de outsourcing ilegal se confunda con la prestación de servicios independientes y especializados que son la razón de ser del outsourcing, que es no sólo legal, sino que es muy adecuado para mejorar la productividad y la competitividad económica, siempre y cuando se respeten los derechos laborales de quienes trabajan ahí.

Para ello se solicita que las autoridades exploren formas de aplicación de la ley y nuevos modelos de inspección laboral basados en nuevas tecnologías, en la cooperación de las empresas y los organismos empresariales y en otras modalidades eficaces que eviten la corrupción y la “cacería de brujas” y sirvan para enfrentar el modelo de outsourcing que ya es ilegal. Y se propone que los modelos de responsabilidad social empresarial y otros mecanismos de autorregulación propias de la iniciativa privada asuman compromisos y medidas frente a esas prácticas ilegales que violan derechos laborales y generan pobreza.