La raíz de la pobreza en México son trabajos mal pagados y sin seguridad social

Resumen ejecutivo y mensaje

En México se puede trabajar y ser pobre. Eso es un escándalo y una gran contradicción. Para reducir la pobreza hay que transformar el mundo del trabajo y la política laboral. No bastan los programas sociales.

La pobreza está estancada. En 10 años, la pobreza se ha reducido 2.4 puntos porcentuales, 0.24 puntos por año, y por el crecimiento demográfico, hay casi 3 millones de personas más en condición de pobreza, que en 2008.

Esta magnitud de la pobreza no corresponde al tamaño, el dinamismo, la capacidad de nuestra economía. Países con menor desarrollo, con menos exportaciones y con economías menos fuertes, han logrado reducciones significativas y sostenibles de pobreza en la década reciente. No es el caso de México.

Antes de culpar al gasto social y a los programas de desarrollo social por estos malos resultados, hay que mirar hacia la economía, sobretodo al mundo del trabajo. 

Los datos de CONEVAL son muy claros:

Hay dos variables que son las de mayor peso y que no han cambiado significativamente en toda la serie de mediciones de 2008 a 2018: la carencia de seguridad social y el ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica, que es la pobreza por ingresos.

• En 2018, 71 millones 700 mil personas carecían de acceso a la seguridad social. Son casi 6 de cada 10 personas (57%). De ellas, dos terceras partes, casi 48 millones viven en zonas urbanas.
• En 2018, la mitad de la población (49%), esto es 61 millones de personas carecen de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, son pobres por ingresos. De ellas, casi 44 millones, 7 de cada 10 viven en zonas urbanas (72%).

Mientras estos dos indicadores no bajen sustancialmente, no se pueden reducir la pobreza en México. Y ambos tienen su raíz en la economía, en el mundo del trabajo.

La pregunta entonces es ¿cómo? ¿Cómo se consigue la seguridad social? ¿Cómo se logran ingresos para adquirir la canasta básica? Con un trabajo que cumpla con la ley y con salario suficiente.  No hay otro camino.

Y visto desde el otro ángulo para ubicar donde están los retos: 

¿Quiénes no tienen seguridad social?  Hay 3 posibilidades: Carecen de seguridad social quienes no tienen trabajo, quienes trabajan por su cuenta o en negocios familiares y quienes aún teniendo empleo, se les niega el derecho al seguro social.

Y respecto al ingreso: ¿quiénes no ganan ingreso suficiente para comprar la canasta básica de toda su familia?  Otra vez son 3 posibilidades, casi las mismas: Quienes no tienen trabajo, quienes trabajan por su cuenta o en negocios de muy baja productividad, y quienes tienen empleo y se les pagan salarios insuficientes.

Estas tres situaciones son creadas sobretodo en el mundo del trabajo. Es urgente cambiarlas para lograr reducciones de pobreza.

Los programas sociales pueden ser muy benéficos para la población. Si están bien diseñados y se aplican bien, incluso pueden contribuir a mejorar el potencial productivo de las personas –lo que le llaman capital humano.  Pero de ninguna manera los programas sociales pueden lograr reducciones sostenibles de la pobreza, porque no tienen cómo modificar las dos variables determinantes de manera directa.

Hablar de programas de “combate a la pobreza” es una confusión del lenguaje político. Necesitamos superar esa confusión, hay que evaluar a los programas sociales por lo que sí pueden hacer.

La función de la política social es garantizar derechos sociales. Y los programas sociales deben ser instrumentos para tutelar esos derechos, como herramientas de protección y promoción de los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda.  

Cuando los programas están bien diseñados, tienen cobertura a toda la población objetivo y están bien aplicados, pueden ser efectivos para lograr inclusión social y reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, y así generar un “piso común” de equidad. Pero no pueden sustituir a la seguridad social.

Por eso es urgente avanzar en el debate sobre la seguridad social. 

Tal y como se le concibió en nuestro país y así está establecido en la Constitución, la seguridad social es un sistema integrado y muy completo de protección social. 

Sin embargo, por ley el acceso depende directamente del régimen de contratación laboral. Y los datos muestran que no basta tener trabajo para tener seguridad social. Además se requiere que ese trabajo cumpla con la afiliación obligatoria. Ese no es el caso para muchas personas que trabajan duro, de manera honesta y en muchos casos, para una persona física o moral,  incluso para el gobierno, pero no son afiliados al IMSS o al ISSSTE.

Esto debe cambiar de manera estructural. La protección social y la seguridad social deben ser un derecho de las personas y deben dejar de ser una “prestación” laboral.  

Es urgente avanzar en consensar las rutas para que México cuente con un sistema de protección social /seguridad social como derecho universal.  Un sistema que garantice de manera sostenible y fiscalmente responsable: acceso efectivo a salud; acceso a servicios de cuidado infantil; pensión para adultos mayores; ingreso en caso de enfermedad, accidente o incapacidad para trabajar; fondos de ahorro para vivienda.  Visto así es claro que la seguridad social es la mejor política social.

El primer pilar de un piso garantizado de protección social es el acceso universal a la salud. En México esto es urgente, dado el deterioro de los servicios públicos de salud. 

Hay  otras medidas, que deben aplicarse de inmediato y pueden tener impactos muy positivos y de gran escala en el mundo del trabajo, mencionamos dos:

• La recuperación gradual del salario mínimo para que sea suficiente para una familia y no sólo para una persona
• La sanción  de las autoridades y la autorregulación empresarial para erradicar el “outsourcing” ilegal y en general los modelos de negocios basados en bajos salarios, contratos temporales, y evasión a la seguridad social.

También se requieren cambios de corto plazo en la política social, mientras se clarifica el debate para establecer la seguridad social como un derecho. Mencionamos dos cambios urgentes que también pueden tener impactos muy positivos y de gran escala:

• • Lograr la cobertura salud para toda la población. Con servicios públicos de salud, coordinados, que den prioridad a la prevención y sobretodo a la detección y atención oportuna de riesgos a las principales enfermedades; creando mecanismos ágiles y expeditos de exigibilidad para evitar las “listas de espera” o la negación de medicamentos, tratamientos o estudios médicos; y manteniendo la cobertura para enfermedades con gastos catastróficos.
  • Transparentar y profesionalizar la creación del padrón único de beneficiarios de programas sociales. Un registro que incluya la cédula de identidad y un sistema de información socioeconómica robusto, gestionado en una institución que cumpla con los más altos estándares técnicos y normativos, para evitar sesgos políticos y corrupción en la asignación de transferencias monetarias a hogares.