07/17

Alertan OSC sobre la permanencia del uso electoral de programas sociales

• La pobreza a nivel nacional está en el mismo nivel que hace 25 años: 53% de la población sin ingreso suficiente para lo más básico.

• En el Estado de México, la pobreza se incrementó de 7.2 millones a 9.8 millones entre 2008 y 2014. El EdoMex es el estado con mayor cantidad de personas en pobreza. 

• Urge el padrón único para evitar el uso discrecional de los recursos públicos con fines políticos y electorales, exige Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

La falta de transparencia, de normatividad y de institucionalidad de los programas sociales permite su sesgo político y electoral a la vez que explica la falta de resultados frente a la pobreza. Una medida urgente es un padrón único que sea obligatorio para los programas de los tres órdenes de gobierno, el federal, los estatales y los municipales, concluye reunión del Consejo de Organizaciones de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El evento realizado hoy, con motivo del 2º Aniversario de la creación de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, se inició con un panel donde participaron expertos en transparencia y combate a la corrupción: Mariclaire Acosta, experta defensora de derechos humanos y hoy integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Benjamín Fuentes, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Bárbara del Castillo, coordinadora de política social de Transparencia Mexicana (TM).

En la segunda parte del evento, las organizaciones integrantes de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, concluyeron que es necesario alertar a la opinión pública sobre la permanencia del uso electoral de los programas sociales.

“Un ejemplo grave de esta situación se da en el Estado de México. Ahí se contabilizan 232 programas sociales del gobierno del estado. Esto en sí mismo ya refleja un problema de dispersión. Pero la situación es más grave, también falta institucionalidad y transparencia. Según datos del inventario de CONEVAL, 170 de los 232 programas (73%) del gobierno estatal del EdoMex carecen de un documento normativo. Es decir, 3 de cada 4 programas estatales, no cuentan con las condiciones mínimas que permitan conocer su objetivo, su diseño y cómo se asignan los recursos. Esto abre un gran espacio a la discrecionalidad y el uso clientelista de los programas sociales”, afirma la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.  

“La pluralidad política y la alternancia de partidos en el gobierno ha incrementado el número de programas, lo cual genera dispersión, dispendio de recursos y abre espacios para la opacidad.  Esta es la base del uso electoral de programas y explica la urgencia de legislar ya para crear el padrón único de beneficiarios como la única manera legalmente permitida para asignar subsidios y apoyos, en efectivo o en especie, a personas, familias u hogares. De esta manera se prohibiría la asignación discrecional, que permite el uso político de los programas como forma de presión y creación de clientelas para las elecciones.” 

De acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social más reciente que elabora Coneval, existen 6 mil 751 en los tres órdenes de gobierno. El número de programas de las entidades federativas pasó de 2 mil 391 en 2010 a 2 mil 849 en 2011, para llegar a 3 mil 788 en 2012. Esto representa un incremento de 58% en dos años. En las entidades federativas predominan los programas relacionados con la educación, (mil 109), bienestar económico (943) y de salud (654).  Lamentablemente Coneval no ha actualizado esta información desde 2012. 

La falta de transparencia y acceso a la información más básica en los programas y acciones estatales es elocuente en sí misma. Para el 84% de los programas y acciones de los gobiernos estatales no hay información de presupuesto original; el 75% de los programas carece de documentos normativos y el 77% no reporta en la cuenta pública de su entidad.

De los 3 mil 788 programas y acciones incluidas en el inventario estatal 2012, únicamente 596 cuentan con información sobre su presupuesto original, 16% del total. Para 8 de cada 10 programas y acciones ejecutadas por los gobiernos estatales se carece de información presupuestal.

Solo 875 de los programas estatales están reportados en la cuenta pública del Gobierno del estado. Esto es el 23% del total. Solo 1 de cada 4 programas operados por los gobiernos estatales reportan sus resultados y su ejercicio presupuestal en la cuenta pública. Por ende, 3 de cada 4 programas estatales no son auditables por los órganos superiores de fiscalización.

La falta de resultados frente a la pobreza es muy preocupante. A nivel nacional la pobreza es la misma que hace 25 años: 53% de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica.  Solo que ahora hay 11 millones más de personas en esa situación, para un total de 63.8 millones que viven en pobreza por ingresos.

En el Estado de México, el resultado es aún más negativo.  De 2008 a 2014 el número de personas sin ingreso suficiente para adquirir la canasta básica pasó de 7 millones 234 mil a 9 millones 824 mil personas. Un incremento de más de 2 millones y medio de personas en 6 años.  

El gobierno federal también tiene un campo amplio de uso discrecional de los programas. Por ejemplo, el programa de comedores comunitarios, emblemático de la Cruzada contra el Hambre, y que fue creado por el presente gobierno, tiene 553 mil beneficiarios en el EdoMex.  Esto no es buena noticia, revela más bien un sesgo y una decisión discrecional. 

En el EdoMex se concentra la tercera parte del total de beneficiarios reportados de los comedores populares, cuando el EdoMex representa alrededor del 10% de la población en extrema pobreza.  Es decir, tiene una sobrecobertura de 3 veces más, 300% más, que lo que le correspondería si los beneficios del programa de comedores se distribuyeran de manera equitativa. 

Algo similar sucede con el programa de abasto de leche de LICONSA. En el EdoMex hay casi 2 millones 600 mil beneficiarios de este programa. Esto es el 30% del padrón total en el país. Nuevamente es una sobrecobertura 3 veces mayor a la que le corresponde  o 300% por encima de la proporción que le correspondería. 

En síntesis: en el Estado de México se concentran y se ejemplifican bien dos graves problemas del país: la magnitud de la pobreza y la falta de efectividad de los programas sociales, más bien marcada por falta de transparencia y sesgos discrecionales y de clientelismo político.

Las organizaciones agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acordaron intensificar esfuerzos para que antes de que termine el año 2017 se apruebe la reforma a la Ley General de Desarrollo Social que obligue a la creación del padrón único de beneficiarios y que lo convierta en el único registro válido y obligatorio para la asignación de cualquier tipo de subsidio, transferencia o apoyo para hogares o personas, a la vez que establezca los criterios basados en las condiciones socioeconómicas de pobreza, rezago social, vulnerabilidad o exclusión para evitar decisiones políticas, clientelistas o discrecionales. 

Por su parte, durante el panel, Mariclaire Acosta, integrante del CPC del SNA, expresó que aunque hasta ahora la agenda anticorrupción no está suficientemente vinculada a la agenda frente a la pobreza y la desigualdad o a la agenda de derechos humanos, la vinculación es urgente, porque los tres problemas provienen de la misma raíz: el abuso de poder.

El diseño del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene como fundamento una alianza entre sociedad civil, empresas y gobierno.  El Comité de Participación Ciudadana representa la opción por generar medios de involucramiento activo de la ciudadanía en las acciones contra la corrupción y contra la impunidad. Al Comité de Participación Ciudadana le corresponde la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo hasta ahora carece de presupuesto y funciona gracias a la colaboración de organizaciones civiles, explicó Mariclaire Acosta, del CPC del SNA. En este momento está abierto el proceso para el nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva. 

La agenda es la misma: anticorrupción, derechos humanos y cohesión social, una sociedad sin privilegios ni corrupción es indispensable para lograr igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos, como señala el llamamiento de cohesión social de Frente a la Pobreza, señala Bárbara Del Castillo, investigadora de Transparencia Mexicana (TM). 

La corrupción funciona en redes, no basta la sanción a una persona, se trata de romper las complicidades y espacios de opacidad para hacer que las políticas funcionen y los servicios de salud o educación lleguen a las personas. No son hechos aislados, por más escandalosos que sean, como las falsas quimioterapias y la corrupción que ya conocemos de Veracruz.  No basta cambiar a una persona, hay que confrontar las causas de base que propician esas redes, explicó la investigadora de TM.

La fiscalización del gasto en temas sociales y estructurales como educación y salud pueden ser muy útiles para mejorar los resultados de las acciones y para avanzar en el ejercicio de derechos sociales, explicó Benjamín Fuentes, Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Para la Auditoría Superior de la Federación es muy importante la relación con las organizaciones de la sociedad civil para cumplir su misión de fiscalización.  En los últimos 4 años la ASF ha documentado irregularidades en la operación de los recursos para la salud, a través del Seguro Popular y el Fondo de Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33.  La federación no tiene medios de seguimiento al ejercicio del gasto para que se destine efectivamente a la prestación de servicios. Las entidades no aplican las normas de contabilidad gubernamental y se presentan año con año las mismas situaciones que impiden conocer el destino final de la aplicación de los recursos para la salud. 

En las entidades federativas se deben crear también los sistemas estatales anticorrupción, sin embargo hay leyes que establecen que el Comité de Participación Ciudadana estatal será nombrado por los Congresos locales y no por una comisión de expertos independientes como se hizo en el Sistema Nacional.  Esto es un riesgo a su autonomía, independencia y credibilidad.