Proponen OSCs superar la obsesión por las variables de medición e impulsar estrategia de Estado frente a la pobreza

Boletín de Prensa no.13

• Presidencia debe impulsar la adopción de metas nacionales viables y exigentes para cumplir los ODS 2030 acordados en la ONU, en materia de pobreza, desigualdad y derechos sociales. 

• Gobernadores electos. obligados a asumir un compromiso serio y formal, más allá de programas clientelares y dispersos. 

• 3.3 millones de hogares viven con 2 mil 723 pesos al mes, para familias de más de 4 integrantes mientras el 1% de la población más rica concentra el mismo ingreso que 68 millones de personas. 

• Alertaron sobre el posible efecto de la campaña de difusión y las acciones de operadores de programas federales y estatales que buscan influir en las respuestas de la Encuesta que servirá para medir la pobreza en 2016.  

Organizaciones de la sociedad civil que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hicieron un llamado para impulsar una Estrategia de Estado con compromiso, decisión y objetivos medibles, pues más allá de los datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que no se puedan comparar con ejercicios anteriores, el número de personas en pobreza sigue siendo inaceptable para un país que se ubica dentro de las 15 mayores economías del mundo. 

Pidieron a la Presidencia de la República que la adopción de las metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030) acordados en la ONU, sirva como un acuerdo de Estado frente a la pobreza, la desigualdad y por el ejercicio de los derechos sociales para todas las personas, para lograr un horizonte transexenal, de amplio consenso, con la participación de la sociedad en su conjunto, los tres órdenes de gobierno y la colaboración y el monitoreo de la comunidad internacional. 

Asimismo señalaron que los gobiernos estatales están obligados a implementar estrategias que hagan frente a la pobreza y la desigualdad más allá de programas sociales “clientelares”. “Hemos invitado a los doce nuevos gobernadores electos este año a adoptar las  medidas de cambio y esperamos hagan compromisos específicos y medibles con la participación de las organizaciones civiles de su entidad”, indicaron. 

Por ello, llamaron a iniciar un debate serio sobre los niveles de pobreza y desigualdad de nuestro país y cómo enfrentarlos.  “Si los datos del MCS 2015 sobre los ingresos de los hogares más pobres son más precisos, estamos ante un escenario más favorable para avanzar”.   Recordaron que con los datos que presentó INEGI, 3.3 millones de hogares ubicados en el 10% más pobre (Decil I) viven con 2 mil 723 pesos mensuales en promedio. Esto es menos de 90 pesos al día, para un hogar con más de 4 personas en promedio. 

Indicaron que revivir el debate sobre los resultados y la metodología de la medición de la pobreza, es dar un paso atrás, pues a México le urgen avances que transformen las causas estructurales. “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben evitar la pretensión de obtener “logros” basados solo en cambios de algunos indicadores aislados usados en la medición de la pobreza”, enfatizaron.   

“Se puede estar generando un efecto no deseado y perverso, cuando operadores de programas sociales y actores de los tres órdenes de gobierno buscan influir a toda costa en las variables y los indicadores de la medición”, insistieron.  

En este sentido, alertaron sobre la intención que podría tener la excesiva campaña mediática que promueve la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): “sano, variado y suficiente” o incluso la campaña para recordar a jóvenes de educación media superior y superior, que desde hace décadas tienen derecho a servicios de salud en el IMSS, por el solo hecho de ser estudiantes de escuelas públicas, para influir en la próxima Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el MCS 2016. 

“Pareciera que los anuncios y las acciones directas de los operadores de programas en campo buscan modificar las respuestas sobre las carencias en la Encuesta 2016 que iniciará su aplicación en las próximas semanas”, Sin embargo, la realidad es mucho más agreste, pues con cualquier medición la desigualdad en México es abismal e impide el ejercicio de derechos para millones de personas, detallaron. 

 “CEPAL estima que el 10% de la población con mayor ingreso concentra entre el 62 y el 65% de éste.  Mientras que el 1% más rico podría llegar a concentrar 253 veces más ingreso que el de los hogares del 10% más pobre (Decil I), alrededor de 23% del ingreso total”, indicaron. 

Asimismo, añadieron, un estudio del INEGI presenta resultados parecidos, y muestra un escenario que no permite el triunfalismo: el 10% de la población concentra la mitad del ingreso y el restante 90% la otra mitad, un decil lo mismo que nueve deciles y poco más de un millón de personas (el 1% de la población) concentra el mismo ingreso que 68 millones de personas (el 60%). 

Ante este escenario, señalaron que la decisión conjunta de INEGI y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de no usar los datos del MCS 2015 para generar nuevos datos de pobreza nacionales y estatales es la adecuada y señalaron que es relevante y necesario incluir la participación de expertos independientes de la sociedad civil y la academia en el grupo de trabajo que revisará los datos, como solicitaron ayer más de 150 expertos en la materia.   

“Nuestro país requiere una estrategia de Estado que nos permita reducir efectivamente los niveles de pobreza y las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales en las próximas décadas y los ODS pueden ser la oportunidad”, concluyeron.