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Exigen organizaciones civiles revisar aumento al Salario Mínimo para que cumpla con la Constitución

• La Conasami viola abiertamente el artículo 123 constitucional
• La liberación del salario mínimo expresa un consenso de todas las furerzas políticas que la CONASAMI pretende ignorar
• No existe ya justificación alguna para no incrementar el salario mínimo

En el marco del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más de 60 organizaciones que conforman la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exigen a la Comisión Nacional del Salarios Mínimos (CONASAMI) que deje de violentar el artículo 123 de la Carta Magna y se reúna a la brevedad para iniciar la discusión que lleve a fijar cuanto antes el Salario Mínimo por encima de la línea de bienestar que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en al menos $87 pesos.

La reforma consitucional aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y en la mayoría de los congresos locales y promulgada por el presidente de la república el pasado 27 de enero, expresa un consenso de todas las fuerzas políticas del país por impulsar la recuperación del salario mínimo, como un instrumento de política económica frente a la pobreza y la desigualdad que la Conasami pretende ignorar.

De acuerdo con lo que establece el Artículo 123 de nuestra Carta Magna, “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”, sin embargo la Conasami contraviene este mandato constitucional al haber fijado el salario mínimo en $ 73.04 para 2016. Es decir, 17% inferior al costo de la canasta básica de satisfactores mínimos usada para la medición de la pobreza, cuyo valor a finales de año de 2015 era de $88.14.

Este organismo pretende además condicionar la revisión del minisalario tras la publicación del “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”, a que dentro de los 120 días naturales siguientes, el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria “para determinar en lo sucesivo el valor de la Unidad de Medida y Actualización”.

Esta dependencia advierte también que han continuado con “los trabajos que le permitan elaborar un Informe al Consejo de Representantes que contenga las opiniones y recomendaciones que juzgue pertinentes en relación con el mandato que le fue conferido de proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimo generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad. Los trabajos de la Comisión Consultiva deberán quedar concluidos el 23 de junio del 2016”. Lo cual implica en términos llanos que no pretenden iniciar la discusión sobre un tema tan trascendental, sino hasta dentro de cuando menos cuatro meses y medio más.

La CONASAMI es un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con una integración sui generis: 1 representante del gobierno federal, 11 representantes del sector empresarial y 11 representantes del sector sindical. El presidente de la CONASAMI, Basilio González Núñez, representante del gobierno federal, ha ocupado el cargo desde 1991, es decir hace 25 años, es decir, 4 sexenios completos. Su única función ha sido establecer una vez al año el salario mínimo, por lo cual recibe un salario anual superior a 2 millones de pesos.

Esta política de contención y pérdida de valor del salario mínimo es uno de los factores centrales de la desigualdad en México y refleja el desdén gubernamental por un tema de tan trascendental. 

Actualmente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) alrededor de 7 millones de personas ocupadas perciben un salario mínimo o menos (ENIGH 2015) y regresan a su casa sin dinero suficiente, siquiera para darle de comer a su familia y cubrir sus necesidades básicas.