Un querido amigo me contaba que hace 50 años poner música grabada para el “vals” de la quinceañera en un salón de fiestas podía salir caro, por la sanción del Sindicato de Músicos al “desplazar” a una orquesta. De entonces a la fecha, mucho ha cambiado en las fiestas y en el mundo del trabajo. No sólo las y los músicos se quedaron en la indefensión. Millones de trabajadores de todas las ramas también.
Actualmente, la mitad de los empleos carecen de contrato estable: 52%. Y el 87% carecen de organización sindical. El efecto trágico pero lógico es que al trabajar en riesgo permanente de despido y sin medios de negociación colectiva, dos tercios de las personas empleadas no ganen lo suficiente para superar el umbral de pobreza (68%) y cuatro de cada diez carecen de afiliación a la salud y demás protecciones del seguro social (41%).
Estos indicadores de 2022 han permanecido sin cambios desde que tenemos datos del Inegi. Una “corrida” de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestra los mismos porcentajes de personas sin contrato y sin organización sindical, desde 2005. No cambia.
Y por lo mismo, tampoco se mueven los indicadores que producen la pobreza laboral. Desde 2006 alrededor de 2/3 del personal ocupado no gana lo suficiente para comprar dos canastas básicas. La pobreza y la precariedad se convirtieron en un producto permanente del statu quo laboral.
Los trabajos sin defensa ofrecen “licencia para abusar”. Esta situación es estructural, y va más allá de “buenos” o “malos” patrones. La creación de empleos se volvió un objetivo en sí mismo que justificó la función social de las empresas. Nadie consideró la calidad de esos empleos.
Si bien la precariedad laboral es una tendencia global, en México tiene alcances mayores y efectos mucho más agudos. Los niveles de pobreza laboral e informalidad son inaceptables.
En estos 50 años pasamos del “charrismo” sindical de líderes impuestos corruptos a la indefensión total. Y esto se considera lo “normal”. Cuando lo hay, el sindicato es un despacho al servicio de patrones. Es muy probable que quienes declaran carecen de organización sindical, en realidad estén sujetos a un “contrato de protección”.
El ejemplo más patético se da en la construcción. Fíjese en cualquier obra —sin importar tamaño y número de trabajadores— y verá una “placa” que dice “esta obra es protegida por el Sindicato A, B o C”. Estas placas se compran en un despacho que se autodenomina sindicato, pero no representa ni defiende a quienes trabajan en la construcción.
La reforma laboral de 2017-18 elimina los contratos de protección. Obliga a la legitimación de los contratos y también a la elección democrática de las dirigencias sindicales, mediante el voto secreto en urnas. Pero estos cambios apenas están en proceso de implementación. Las viejas prácticas se niegan a morir y tienen gran fuerza inercial.
Millones de trabajos funcionan como fábricas de pobreza. Esa es la tragedia y el escándalo que debe cambiar. Urge un nuevo sindicalismo, que defienda derechos, no prebendas. Que mejore condiciones laborales con base en su aporte a la productividad y la competitividad.
También urge una nueva cultura empresarial y de recursos humanos que ponga los derechos laborales al centro como parte del modelo de negocios. No basta “crear empleos”, la riqueza debe crearse y distribuirse con mayor equilibrio. Hoy la proporción está al revés. Lo explicaré en otra colaboración.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
Fuente: El UNIVERSAL