05/18

Lanzan herramienta digital para denunciar el uso ilegal de recursos de programas sociales en las campañas electorales.

• Una práctica común de partidos políticos dice sociedad civil
• En juego millones de pesos de recursos presupuestales.

México llega a las campañas electorales de los comicios del primero de julio en condiciones de alto riesgo para el libre ejercicio del voto por la debilidad de las instituciones encargadas de la justicia, por el uso discrecional de las partidas presupuestales del gobierno federal, por la vulnerabilidad de los programas sociales, cuyo diseño institucional carece de candados eficaces que impidan que los recursos públicos destinados a su operación sean usados para la compra o coacción del voto.

El despliegue de recursos y operativos sospechosos de compra del voto contrasta con la escasa asignación presupuestal que se hace a tareas de observación electoral y a la falta de interés por designar a funcionarios responsables de impartir justicia o socavar su actuación. 

El uso de los programas sociales con fines electorales se ha convertido en México en una práctica común de todos los partidos políticos. En el proceso electoral en curso hemos visto un enorme despliegue de entrega masiva de beneficios, capacitación de promotores y operadores de programas sociales, designaciones de operadores electorales en cargos de administración de los programas sociales y ahora los anteriores responsables de los programas mismo son sin el menor pudor, candidatos a cargos de elección popular.

En materia presupuestal se ha observado un crecimiento en el ejercicio del gasto en los meses de enero y febrero, similar o mayor al que ocurre en años electorales, pero siempre por encima de años en los que no se celebran elecciones. 

En los estados de México, Chiapas. Morelos, Veracruz y Puebla, entre otros, la entrega masiva de beneficios de los programas sociales ha sido denunciado por los medios de comunicación y las redes sociales. El caso más público ha sido el de la Tarjeta Rosa, un nuevo programa que se suma a los 6 mil 491 que ya existen en el país sin que tengan efectos concretos en la superación de la pobreza que se mantiene arriba del 50 por ciento de los mexicanos, igual que hace 25 años.

 Además de no superar la pobreza, la mayoría de los programas federales, estatales y municipales no operan con Reglas de Operación como lo establece la Ley General de Desarrollo Social ni cuentan con padrones de beneficiarios o mecanismos de rendición de cuentas efectivo. Se duplican y hasta triplican atendiendo las mismas carencias sociales y a la misma población necesitada sin resolver su situación.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pone en línea el sitio web: www.democraciasinpobreza.mx que contiene una herramienta para facilitar a los ciudadanos la denuncia de lo que vean con sus propios ojos cuando un candidato, un dirigente partidista, o un funcionario público use con fines electorales recursos presupuestales del gobierno federal, estatal o municipal que estén destinados específicamente a programas sociales.

El formulario está integrado a un extenso programa de observación electoral que busca impedir la compra o coacción del voto a los mexicanos más necesitados. Este programa ha sido instrumentado en alianza con organismos internacionales y nacionales responsables de la promoción de los derechos sociales, en particular del voto libre, de instituciones académicas y de organizaciones de la sociedad civil.

El formulario es muy fácil de llenar y enviar por cualquier ciudadano interesado en mejorar la democracia del país. Puede llenarse en www.democraciasinpobreza.mx 

Hacemos un llamado muy ferviente a las organizaciones civiles de México, a los medios, a la academia, a las iglesias, a las y los ciudadanos a que se sumen a esta tarea básica de nuestra democracia. Digamos juntos: NO al uso ilegal de los recursos públicos destinados a superar la pobreza. Sí a una democracia sin pobreza.