El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos como mandato del artículo primero constitucional y específicamente al derecho a la libre expresión y privacidad de las personas como lo dictan el articulo 6 y el 16 constitucionales.
La sociedad vive ahora un momento más de conmoción ante una serie de hechos que colocan a instituciones gubernamentales como sospechosas de acciones de espionaje a destacados comunicadores y a personajes de la sociedad civil reputados por su trabajo por la Transparencia, Rendición de Cuentas y en general contra la corrupción.
Desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza expresamos nuestra indignación por los hechos denunciados por los afectados. Nos unimos a su voz para reclamar al gobierno federal una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos.
Lo hacemos a partir de la obligación del Estado Mexicano de garantizar el pleno ejercicio de los derechos como mandato el artículo primero constitucional y específicamente al derecho a la libre expresión y privacidad de las personas como lo dictan el articulo 6 y el 16 constitucionales.
Los hechos que han descrito periodistas y representantes de organizaciones sociales son los siguientes:
El lunes 19 de junio fue publicada por Citizen Lab y por las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC una nueva investigación, recogida por el diario The New York Times , que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
El principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus, comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.
Sigue leyendo más aquí: