Es indispensable crear un sistema nacional de protección social, un padrón único de beneficiarios y una política social que detenga la creación de más programas sociales que duplican o triplican los esfuerzos e impiden que se atienda a quienes más lo necesitan.
Ha crecido la obsesión de autoridades de los tres niveles de gobierno por obtener “logros” basados sólo en la modificación de algunos indicadores aislados usados en la medición multidimensional de la pobreza.
El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos como mandato del artículo primero constitucional y específicamente al derecho a la libre expresión y privacidad de las personas como lo dictan el articulo 6 y el 16 constitucionales.
En el Estado de México se concentran y se ejemplifican bien dos graves problemas del país: la magnitud de la pobreza y la falta de efectividad de los programas sociales, marcada por la falta de transparencia y los sesgos discrecionales y de clientelismo político.
Para llevar a la práctica el cambio de paradigma y el nuevo enfoque del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua es necesario hacer ajustes institucionales y modificar aspectos sustanciales de la gestión de programas y servicios.
Francesco Vincenti, creador del laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea, explica la urgencia de generar un sentido de pertenencia en la sociedad, para reconocernos como país y dejar atrás la pobreza y desigualdad que caracteriza nuestra región.
El año próximo se presentan coyunturas importantes en las que la sociedad civil tiene oportunidades de avanzar en la agenda por los derechos humanos, contra la impunidad y la corrupción y frente a la pobreza y la desigualdad.
Este 17 de octubre, día internacional para la erradicación de la pobreza, súmate a la exigencia para que existan mecanismos de vigilancia ciudadana del gasto público
Ante la emergencia económica, hay que dar subsidios y créditos con recursos suficientes para el tamaño del problema y no “aspirinas para un cáncer”.
El crecimiento del desempleo y la reducción de ingresos de quienes conservan trabajo agravan la ya de por sí precaria condición del sistema laboral de nuestro país.
