Hay que decirlo claro: no hay programa social que sustituya al trabajo como medio de superación de la pobreza. Un trabajo bien remunerado con seguridad social, conforme a lo que establece nuestra propia Constitución y a nuestro potencial económico como país, es la única vía efectiva y sostenible para hacer frente a la pobreza. Sin embargo, en México se da la absurda contradicción de que millones de personas trabajan para ser pobres.
Hay que decirlo claro: no hay programa social que sustituya al trabajo como medio de superación de la pobreza. Un trabajo bien remunerado con seguridad social, conforme a lo que establece nuestra propia Constitución y a nuestro potencial económico como país, es la única vía efectiva y sostenible para hacer frente a la pobreza. Sin embargo, en México se da la absurda contradicción de que millones de personas trabajan para ser pobres.
En este contexto, el salario mínimo es uno de los factores que contribuyen a esta condición. Apareció por primera vez en México hace poco más de 100 años, con la promulgación de la Constitución de 1917. En aquel momento México era uno de los pocos países en todo el mundo que incorporaban este precepto de avanzada: Nueva Zelanda en 1894, Australia en 1896 y el Reino Unido en 1910. Después siguió México. Desde entonces, el salario mínimo se definió en el artículo 123 de nuestra Constitución como aquel que debe ser suficiente para sostener dignamente (en el orden material, social y cultural) a un trabajador y a su familia. Nada más, pero nada menos.
En México, sin embargo, la pobreza se da por decreto. Quienes perciben el salario mínimo están condenados a vivir en pobreza. La señal que se manda con este hecho es brutal: el trabajo no es la vía para aspirar a una vida mejor. Se puede trabajar honradamente y seguir siendo pobre. En México el salario mínimo es un factor de reproducción y perpetuación de pobreza para quien trabaja y para sus familias.
Hoy, a más de cien años de distancia la noción del salario mínimo que imaginaron los constitucionalistas de 1917 está lejos de ser una realidad, e incluso pareciera haber quedado en letra muerta. Y peor aún, refleja uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país: leyes que no se aplican e instituciones que no funcionan.
El ejemplo más claro es el de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), que determina sistemáticamente un monto para el salario mínimo que no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades más básicas de una persona, mucho menos de una familia.
El salario mínimo tan bajo que hay en México no es un resultado de mercado. Ha sido producto de una decisión política del gobierno en turno. Una decisión, responsabilidad de CONASAMI, que representa una violación abierta, flagrante y hasta ahora impune a la Constitución.
