Urgen cambios institucionales para lograr cohesión social frente a la pobreza y la desigualdad: Organizaciones de la Sociedad Civil

Boletín No. 02/17

  • Con cohesión social se busca enfrentar la opacidad y la corrupción para desterrar los riesgos y abusos detectados por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2015.
  • “Ciudadanizar” la contraloría social para vigilar los recursos para la salud se propone a las autoridades ciudadanas del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Exigiremos a los legisladores aprobar el padrón único de beneficiarios en este periodo, la ASF confirma que es una de las cuatro áreas de mayor riesgo.

En la revisión de la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación observó 65 mil 193 millones de pesos en el gasto federalizado. Además detecta graves fallas en los servicios de salud, que están a cargo de los gobiernos estatales e identifica, por segundo año consecutivo, que la Cruzada contra el Hambre incumple su propósito.

La ASF ha señalado la urgencia de atender los problemas estructurales que llevan a estos resultados. Desde la sociedad civil coincidimos y exigimos cambios institucionales urgentes para lograr resultados efectivos frente a la pobreza y la desigualdad, como lo señalamos en el llamamiento por la cohesión social.

Más de 60 organizaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, insistimos que es urgente blindar los recursos para la salud con la participación de la ciudadanía por medio de la contraloría social. Así como legislar para crear el padrón único de beneficiarios, que sea transparente y eficaz para asignar apoyos a quienes realmente lo requieren. También urge cambiar las políticas que han mostraron su falta de efectividad como la Cruzada contra el Hambre.

En la 1ª Mesa de Diálogo “Cohesión Social. El país que queremos”, realizada el 21 de febrero, participan representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL –ONU).

Contraloría social a los recursos para la salud

Es indispensable vigilar los recursos para la salud enviados a los estados. El “Seguro Popular” ocupa el primer lugar en el monto de recursos observados en el gasto federalizado, con 15,088 millones de pesos (mdp).  A los cuales se suman casi 6 mil millones de pesos, observados al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA del Ramo 33) y al Componente de Salud de Prospera.[1]

Las observaciones a los recursos para la salud suman 21 mil millones de pesos (mdp), lo que representa casi la tercera parte del total de los 65 mil mdp observados al gasto federalizado por la ASF en la cuenta pública 2015.

El Seguro Popular presenta graves fallas porque no cuenta con un mecanismo para evitar duplicidades. La revisión del Consejo General de Salud identificó que más de 15 millones de afiliados, poco más de la cuarta parte del padrón de 57 millones de personas afiliadas al Seguro Popular (26.8%), se encontraban afiliadas a otro sistema de salud como IMSS, ISSSTE y otros.[2]

Respecto a la prestación de los servicios por parte de los gobiernos estatales, la ASF detecta graves problemas. Por ejemplo, solo la mitad de los casos de diabetes mellitus detectados siguieron en tratamiento y el 93% de las personas con tratamiento no tuvieron el seguimiento adecuado con la medición de hemoglobina glucosada. Esto es 810 mil pacientes no registran tratamiento. Y de los 872 mil que si tuvieron tratamiento, a 812 mil no se les dio el seguimiento anual prescrito.

En los próximos días, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, solicitará a las nuevas autoridades del recién nombrado Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que aceleren la “ciudadanización” de la contraloría social y se le ofrezcan medios para vigilar los recursos enviados a los servicios estatales de salud. Urge detener la sangría de los fondos y erradicar la corrupción por parte de los gobiernos estatales.  Robar o desviar el dinero para la salud no sólo es corrupción, es inmoral y puede llegar a ser homicida, por las muertes que provoca.

Legislar para crear el padrón único de beneficiarios

El reporte recién presentado por la ASF presenta el riesgo con los padrones de beneficiarios. En su mensaje, el auditor señala a los padrones de beneficiarios como una de los cuatro áreas de mayor riesgo, a causa del impacto que tienen “para la eficacia de las políticas de desarrollo social, enfocada a los sectores más vulnerables de la sociedad.”

La ASF alerta: “La carencia del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) repercute en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza no sean atendidos con eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social”.[3]

Desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estamos ya en diálogo con el Senado de la República, para urgirlos a legislar la creación del padrón único de beneficiarios como un medio obligatorio para la asignación de los subsidios y apoyos que entreguen los gobiernos federal, estatales y municipales.  Se debe acabar con la discrecionalidad, con las duplicidades y también con la exclusión de millones de personas que no son atendidas, como lo ha señalado la ASF.

Cambio de políticas que no funcionan como la Cruzada contra el Hambre

Es inaceptable que después de 3 años, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que supuestamente coordina 43 programas y tiene como población objetivo únicamente a 7 millones de personas, sólo haya logrado atender a la mitad: 3.6 millones de personas según reporta la SEDESOL en 2015. La ASF además señala que la SEDESOL “no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de la población en condición de pobreza extrema alimentaria identificada, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada persona, a fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria”. [4]

Es decir, después de 3 años, la Cruzada contra el Hambre, que es la estrategia “emblema” para combatir la pobreza, sólo llega a la mitad de su población objetivo, no se puede medir que resultados logran con los que si cubren y no hay datos para saber si las carencias se resuelven. Es urgente superar la simulación y el gradualismo.

El llamamiento por la cohesión social exige la revisión a fondo de las políticas frente a la probreza y la desigualdad. Los resultados de la ASF confirman la validez, la relevancia y la pertinencia de las propuestas presentadas desde la sociedad civil.

Contacto para medios:  Diana Turner: 55 85 80 65 25 / Rosa Elena Luna: 55 22 71 56 86

 

[1] ASF. Informe General de la Cuenta Pública 2015. p. 88.

[2] ASF. Auditoría 1576-DS.

[3] ASF. Revisión de la Cuenta Pública 2015. Auditoría 279-DS. Consecuencias Sociales.

[4] Ibid. Auditoría 278-DS. Resultados.

Urgen cambios institucionales para lograr cohesión social frente a la pobreza y la desigualdad: Organizaciones de la Sociedad Civil