Presentan Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud en México

  • Una tercera parte de las unidades de salud en México no reportan información sobre calidad de los servicios que prestan.
  • Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila, los peores en rendición de cuentas en sus indicadores de calidad.
  • Organizaciones ciudadanas exigen que se incluya en el PEF 2016 obligaciones de evaluación y transparencia en materia de salud.

BOLETÍN DE PRENSA (PDF)

PRIMER REPORTE CIUDADANO SOBRE CALIDAD Y ACCESO EFECTIVO A LA SALUD

A pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguros social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos, informó la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Al dar a conocer los resultados del Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud, revelaron que la información que ofrece el sector salud sobre los servicios que presta está incompleta, no es consistente y presenta errores, por lo que reiteró su llamado a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se incluyan obligaciones de evaluación y rendición de cuentas que garanticen que los recursos se transparenten hasta su destino final, puesto que el incremento recibido en estos años no se ha reflejado en un incremento equivalente en número de médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios.

El ejercicio de observación ciudadana, pionero en su tipo, surge ante la evidencia de problemas crecientes en el acceso efectivo a la salud y consistió en aplicar 6,700 cuestionarios o tarjetas de medición ciudadana (Citizen scorecards), a usuarios en 160 establecimientos de salud de 16 entidades federativas entre julio y octubre de este año, gracias al apoyo de alrededor de 700 ciudadanos en grupos de voluntarios de 21 organizaciones civiles. La principal característica de estos establecimientos es que se ubican en zonas de rezago social y atienden en su mayoría a población en condición de pobreza.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza concluye que este ejercicio permite: 1) una aproximación independiente e imparcial sobre las condiciones que viven los usuarios; 2) indagar sobre la calidad de servicios de salud en las zonas de mayor rezago social; 3) demostrar la viabilidad de la contraloría ciudadana y su utilidad para la mejora de los servicios; 4) detectar inconsistencias en los datos oficiales, como los tiempos de espera y el surtimiento incompleto de medicinas, y 5) conocer información sobre cobros.

Para comparar y completar el análisis realizado por la observación ciudadana se consultó también la información oficial del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad de Salud (INDICAS) de la Secretaría de Salud. La Acción Ciudadana informó que para acceder a las bases de datos del Sistema INDICAS se debió presentar una solicitud de acceso a la información vía Infomex, porque la información no está disponible en datos abiertos. Las bases entregadas, además, presentaron serios problemas de dispersión, inconsistencias y falta de claves de identificación.

Asimismo, para tener un punto de comparación con parámetros estadísticos se consultó la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y los resultados finales con las tres fuentes de información arrojan datos preocupantes que requieren de la atención de las autoridades y también de la Cámara de Diputados que aprueba el presupuesto y vigila su aplicación.

Los principales hallazgos de este ejercicio revelan, entre otras cosas, lo siguiente:

  • Una tercera parte de las unidades de salud (32.6%) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014).
  • Las 5 entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.
  • Casi la mitad de las unidades de salud (46.2%) no reportaron información en el último periodo de 2014.
  • Casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4%) y seis de cada diez de las del área rural (59.5%) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.
  • Una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.
  • Un 61% de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.
  • Una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6%).
  • El 42.3% de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.
  • Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8%) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5%).

Añadieron que el sistema de salud mexicano carece de un mecanismo de mejora de la calidad de los servicios y un sistema de información que permitan a las autoridades cumplir con las obligaciones a las que legalmente están comprometidas, lo que impide que en las 32 entidades federativas, las 660 jurisdicciones sanitarias y de la federación se garantice el acceso efectivo a la salud para la población.

Detallaron que lo que requiere atención urgente es la falta de información y sus inconsistencias pues sin información, se debilita el “sistema de defensa” y no hay posibilidades de mejora.

Mencionaron que la dispersión y falta de integración de los sistemas de información de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud y de la Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud con la aplicación del presupuesto y las transferencias a las entidades federativas, posibilita la corrupción e impide monitorear los indicadores para la mejora de los servicios y garantizar la atención con calidad a los usuarios de los servicios públicos.

Consideraron que a falta de un sistema de información integrado, la Secretaría de Salud falla en ejercer la rectoría del sector y los Sistemas Estatales en Salud (SESA) en rendir las cuentas a las que están obligados por ley, por lo que la ciudadanía carece de información suficiente y oportuna para exigir su derecho a la salud. En resumen, advirtieron, no existe la gobernanza que se requiere para que el país cuente con un sistema de calidad que garantice el acceso efectivo a la salud.

Hicieron énfasis en que en el presupuesto federal para 2016 se prevé asignar 75 mil 437 millones de pesos en el Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, para atender a población sin seguridad social, por lo que insistieron, es imprescindible garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales.

El documento detalla que los preocupantes resultados requieren atención urgente y medidas por parte de la Cámara de Diputados para que en el PEF 2016 se incluyan candados que impidan que esto persista. Por ello, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamó a incluir en el Artículo 34 del PEF 2016 las siguientes obligaciones:

  • Las autoridades de los Servicios Estatales de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud presentarán información detallada y accesible en formato de datos abiertos, sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos y aportados para la prestación de los servicios estatales de salud desglosada a nivel de cada establecimiento de salud, identificado con la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES), de tal manera que permita la trazabilidad de los recursos hasta su destino final..
  • La Secretaría de Salud establecerá un sistema de monitoreo de indicadores de acceso efectivo a la salud de cumplimiento obligatorio por parte de los Servicios Estatales de Salud, que permita conocer datos periódicos sobre surtimiento de medicamentos, tiempos de espera en cirugías y estudios, servicios negados, desglosado por establecimiento de salud identificado por la CLUES.
  • El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) establecerá los lineamientos a fin de que el monitoreo y la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud considere al conjunto de los afiliados y que se incluyan variables que permitan medir el acceso efectivo a la salud, tales como el surtimiento completo de medicamentos, la posposición o negación de estudios, tratamientos o cirugías, los cobros por servicios o la solicitud de aportar material o insumos para recibir un tratamiento o intervención.
  • El Consejo Nacional de Salud, integrado por las autoridades responsables de las instituciones de seguridad social y por las autoridades de salud de las 32 entidades federativas, deben dar seguimiento a las evaluaciones y al monitoreo de los indicadores para establecer las medidas correctivas necesarias para mejorar la atención y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resaltó que hay más de 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud por lo que insistió en que la Cámara de Diputados debe tomar cartas en el asunto y destinar recursos para ampliar la afiliación al Seguro Popular y lograr la cobertura universal en los próximos 3 años.

Asimismo hicieron un llamado a que no se recorte el presupuesto para la salud en 2016 y se amplíe la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para lograr la cobertura universal, como estaba mandatado en la reforma a la Ley General de Salud, lo cual debió cumplirse en 2010.

Las organizaciones civiles informaron que seguirán adelante con este tipo de ejercicios involucrando más organizaciones y ciudadanos, a fin de establecer un sistema de observación y contraloría ciudadana que impulse a las autoridades responsables de los servicios de salud a mejorar la atención y a aplicar los recursos con mayor efectividad.

También hicieron un especial reconocimiento a los ciudadanos y organizaciones que participaron de manera voluntaria en el ejercicio, entre ellas: Acciona Transformando Caminos para Ser y Hacer A.C.; Banco de Alimentos de Juanacatlán, el Centro de Estudios Ecuménicos A.C.; Cáritas Gómez Palacio; CETIS 5 Gertrudis Bocanegra; Defensa y Fomento a la Supervivencia A.C.; Educación Popular Iyolosiwa A.C.; Frente Cívico y Familiar A.C.; Fundación Don Bosco; Fundación Don Sergio; Instituto Francisco Javier Saeta IAP; IXIM A.C.; Auge, Autogestión y Educación Comunitaria. A.C.; Patronato Pro Zona Mazahua; Fundación Kalli Luz Marina, A.C.; Fundación León XIII; Red por la Salud A.C.; Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil A.C. (SEPICJ A.C.), REPARTE A.C.; Sonora Ciudadana A.C.; Unión de Esfuerzos por el Campo A.C. y los ciudadanos Yasodhara Silva y Carlos Bonilla.

El documento completo para su consulta está disponible en www.frentealapobreza.mx

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La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa de la sociedad civil organizada integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Especialmente, surge para unir y articular a las miles de organizaciones que desde hace muchos años trabajan de manera directa, desde la base, en zonas rurales y urbanas, en proyectos de desarrollo económico, de capacitación, de educación y salud, y muchos más, siempre con un enfoque de empoderamiento ciudadano, más información en www.frentealapobreza.mx

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