Participación de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en el 2o. Encuentro Internacional La Izquierda Democrática

Muy buenos días. A nombre del Consejo de Organizaciones y del Núcleo Coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, agradezco la invitación a este encuentro.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa de la sociedad civil organizada que busca impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad en México. Especialmente, surge para unir y articular a las miles de organizaciones que desde hace muchos años trabajan de manera directa, en la base, en zonas rurales y urbanas, en proyectos de desarrollo económico, de capacitación, de educación y salud, y muchos más, siempre con un enfoque de empoderamiento ciudadano.

Para las organizaciones y los ciudadanos representados en esta iniciativa lo que se necesita para hacer frente a la pobreza y la desigualdad son cambios realmente de fondo y no simulaciones. Mejoras mínimas combinadas con retrocesos nos dejan igual o peor y celebrar avances de unas cuantas décimas de punto en el combate a la pobreza resulta absurdo. Nuestro objetivo debe ser erradicar la pobreza en esta generación.

Para combatir la pobreza y la desigualdad hay que entenderla más allá de explicar cómo la mide el coeficiente de Gini o cuáles son los factores que la originan. Lo que debemos entender, entre otras cosas es que la desigualdad y la pobreza tienen beneficiarios y uno de ellos por cierto, es la clase política, al menos en este país.

La desigualdad es la forma injusta en que un sistema político y económico dicta cómo se distribuye la riqueza y los ingresos, la desigualdad es falta de oportunidades, es discriminación, es abandono, es desolación, es exilio, es desintegración, es corrupción, es clientelismo, es pobreza, es muerte.

A propósito del Foro Económico Mundial celebrado la semana pasada en Davos, Suiza, Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (la CEPAL) y Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional publicaron un texto en el que señalan que América Latina es la región más desigual del mundo.

Añaden que en 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante.

De acuerdo con la CEPAL el 28% de la población de Latinoamérica vive en la pobreza, es decir unas 167 millones de personas y en México este número ha aumentado en los últimos años en dos millones de personas y, ahora, por cada 10 pobres latinoamericanos, 4 son mexicanos.

México es un reflejo muy claro de la desigualdad en la región más desigual del mundo, somos un país rico pero la mayoría de las familias mexicanas vive en pobreza.

Nuestro país está entre las 15 economías más grandes del mundo, pero ocupa el lugar 71 en el Índice de Desarrollo Humano a nivel global. En el último cuarto de siglo, hay más personas en pobreza y la proporción no ha disminuido. En 1992 había 46 millones de personas en pobreza por ingresos y de acuerdo con la más reciente de medición de CONEVAL presentada en julio del año pasado, había ya 63.8 millones de personas con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Estamos hablando de un poco más de la mitad de la población (53.3%), es decir 3 millones más que en 2012. Entre ellas, hay 24.6 millones de personas, uno de cada cinco mexicanos (20.6%), sin ingreso suficiente para comer. O sea 1 millón más que en 2012. La desigualdad tampoco se modificó sustancialmente, el coeficiente de Gini en 1992 era para México de 0.53 y en 2012 de 0.50.

El problema de la pobreza y la desigualdad no radica en el diagnóstico. En México al menos, contamos cada vez con mejores datos sobre la pobreza, las carencias sociales y las brechas de desigualdad. El INEGI como fuente de información y el CONEVAL como autoridad responsable de la medición de la pobreza producen información sólida y detallada.

El problema más bien está en mantener acciones y programas que no están funcionando. Es evidente que el factor determinante de la pobreza es el ingreso insuficiente y que la carencia principal, al menos en México es la seguridad social, incluyendo la falta de acceso efectivo a la salud. Y sin embargo las medidas contra estos problemas siguen sin ser una prioridad para el Estado, se dispersan los programas e incluso cada año se generan nuevas ocurrencias. Como muestra, tres datos señalados por CONEVAL desde hace años:

Los ingresos de quienes trabajan han perdido poder adquisitivo en relación con el valor de la canasta alimentaria. Esto significa que en México se generan empleos que producen más pobreza. Y al mismo tiempo se mantiene y se incrementa la dispersión de programas de generación de ingreso, de desarrollo productivo y de empleabilidad.

La generación de empleos de calidad con salarios adecuados que impacten la productividad laboral es un reto de la política económica. Y sin embargo, parece que se pretende enfrentar la pobreza sólo con políticas sociales.

La falta de acceso a la seguridad social como principal carencia afecta a más seis de cada diez personas. Y en contraste únicamente el 4% del presupuesto del gasto social se destina a programas de “seguridad social”.

La evidencia demuestra que en México el presupuesto frente a la pobreza es insuficiente, poco efectivo y en parte, beneficia a quienes no lo requieren. En México, contra los principios elementales del papel redistributivo del Estado, el gasto público no reduce desigualdad y en ciertos aspectos, la profundiza.

La gente pobre trabaja mucho pero sigue siendo pobre y no se trata de mendicidad, tampoco de situaciones extremas o excepcionales. Hay muchas barreras a la movilidad social ascendente. La pobreza se hereda por generaciones.

La desigualdad y la pobreza tienen rostro de jóvenes, mujeres e indígenas. Hay más de 7 millones de jóvenes en trabajos precarios, casi 15 millones de mujeres en trabajos con menor paga o fuera del mercado laboral, y 16 millones de personas de origen indígena excluidos de un México que sí crece. En su inclusión económica radica la oportunidad del incremento más sustancial de la productividad. En el Sur rezagado se encuentra la mayor ventana de oportunidad para acelerar el crecimiento y llegar a ser potencia global.

El diagnóstico debe quedar claro: el factor central del incremento de la pobreza son los bajos ingresos. Lógicamente entonces, el primer cambio de fondo frente a la pobreza y la desigualdad debe ser promover la mejora del ingreso. Por eso se requieren nuevas políticas económicas. No bastan los programas sociales.

Los programas sociales pueden reducir carencias, pero su misión debe ir más allá. Las políticas sociales deben cerrar brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales.

Hay que decirlo muy claro para que lo escuchen todos: no se necesitan más programas sociales para “repartir cosas”. Entregar despensas, uniformes, tenis, cajas para bolear zapatos, cubetas, morrales, cheques o pantallas de TV no constituye una política social, sino clientelismo. A partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución, es obligación de las autoridades garantizar los derechos de la población. La política social debe cumplir esta obligación.

Necesitamos cambios de fondo: políticas económicas incluyentes para la mejora de los ingresos y políticas sociales con enfoque de derechos. Sería un gran cambio que políticas económicas y sociales no vayan divorciadas o en en sentido contrario.

El problema es que en México no hay una política integral frente a la pobreza y la desigualdad basada en un compromiso de Estado, es decir en un compromiso de todos. Esta es una tarea que trasciende sexenios y colores partidistas. Y no es sólo tarea de los gobiernos.

Entonces ¿cómo se combate la pobreza y la desigualdad? No podemos esperar a las promesas de crecimiento económico porque así como están las reglas, en caso de darse, no garantizan menos pobreza y menos desigualdad.

No ha sido así en México, ni en otros países. Es al contrario, con menos desigualdad se puede crecer más y más rápido. Reducir la pobreza y la desigualdad sí sería una reforma estructural para el crecimiento de la economía con beneficios además en seguridad ciudadana y desarrollo democrático.

Pero ¿por qué los beneficiarios de la pobreza y la desigualdad, ese mínimo porcentaje que acumula la mayor parte de la riqueza y los ingresos estaría dispuesto a cambiar las reglas?

Cómo romper esa barrera establecida por el sistema económico y aceptada como destino manifiesto por algunos de quienes incluso, lo padecen, como está documentado por ejemplo, el ejercicio de investigación “Lo que dicen los pobres”, publicado en 2004 por la Secretaría de Desarrollo Social federal en una de las respuestas a la encuesta en la que beneficiarios de programas sociales consideraban que “hay pobres porque es la voluntad de Dios”.

Una de las maneras más efectivas de incidir y de lograr cambios de fondo es construir ciudadanía. La falta de participación de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada genera incentivos a la desigualdad, el clientelismo, la corrupción y la falta de democracia.

Se requiere exigencia ciudadana sí. Hay resistencias a vencer para iniciar los cambios. Eliminar los subsidios regresivos, enfrentar la corrupción para que los recursos lleguen a su destino social, evitar el clientelismo en los apoyos sociales, son cambios que afectan intereses. Ahí es donde la ciudadanía tiene que presionar aún más.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone iniciar el cambio en las políticas económicas con exigencias como fortalecer mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas sobre los programas sociales, incrementar el salario mínimo y reasignar recursos a programas productivos especialmente para población en situación de pobreza y garantizar el acceso efectivo a la salud.

Un análisis que hicimos respecto de los datos presentados en julio del año pasado por el INEGI y por el CONEVAL, evidencia que el factor central del crecimiento de la pobreza es la reducción de los ingresos.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, la ENIGH, presenta un panorama muy preocupante. Si bien hubo una leve mejoría en el “decil” con ingreso más bajo de la población, es necesario ubicar su alcance: las casi 12 millones de personas del decil I, tienen un ingreso promedio de quince pesos con 20 centavos al día per cápita ($15.20) es decir, menos de un dólar. Otros 12 millones, del decil II tienen un ingreso promedio de treinta pesos al día por persona ($30.53) casi un dólar y medio.

Esto quiere decir que en México la pobreza afecta a quienes trabajan. No son sólo las personas desempleadas las que caen en pobreza, como sucede en países desarrollados. En nuestro país, los ingresos laborales no son suficientes para superar la línea de pobreza. Muchas personas trabajan mucho, pero no llegan a la quincena.

El salario mínimo no permite mantener al trabajador y a su familia como manda la Constitución, perdió casi tres veces su poder adquisitivo entre 1978 y 1994. Desde entonces ha permanecido estancado, en política salarial México no se mueve. El valor actual del salario mínimo equivale a menos de la tercera parte del valor que tenía en 1978.

Una persona que gana salario mínimo y vive sola es pobre por ingresos. Si vive con otra persona que no trabaja, ambas carecen de ingreso suficiente para alimentarse.

Justo el miércoles pasado el presidente de la república promulgó la ley que desindexa el salario mínimo de otras unidades de medida para liberarlo, sin embargo, en estricta teoría a partir de ese día la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está violando el artículo 123 de la Constitución, que a la letra dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Esto significa que cuando menos debería incrementarse al nivel de lo que CONEVAL establece como la línea de bienestar que es de 87 pesos diarios y no de 73 pesos con 4 centavos al día, como lo estableció la Comisión nacional de Salarios Mínimos. Para 2016.

En contraste, los hogares del decil X concentran el 35 % del ingreso corriente total. Mientras que a los del decil I, les toca menos del 2%. Por eso el coeficiente de Gini que mide la desigualdad se incrementó de .498 a .503 entre 2012 y 2014.

Sin embargo, estas diferencias son mucho mayores en la realidad, la desigualdad puede ser abismal. Un reciente informe de Oxfam estima que el 1% con mayores ingresos acumula el 21% de éstos. Según el mismo informe, menos del 1% de las personas concentra el 43% de la riqueza total del país. Esto es: si la distribución del ingreso es mala, la distribución de la riqueza es peor.

La desigualdad es un factor en la reproducción de la pobreza. La captura de rentas y las tendencias monopólicas impiden el crecimiento equilibrado y propician la concentración de la riqueza. Un estudio reciente publicado por CEPAL muestra que entre 1978 y 2012, los salarios bajaron de representar el 40% del ingreso total nacional al 28%.

Por eso consideramos que no hay razones para confiar en las promesas de futuros beneficios porque haya crecimiento de la economía. El crecimiento económico no es suficiente para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se requiere crecimiento económico incluyente. Como dice la CEPAL hay que crecer para igualar pero también hay que igualar para crecer.

La medición multidimensional de la pobreza, metodología que permite medir seis carencias que afectan el ejercicio de derechos sociales, es un magnífico instrumento de diagnóstico y representa un gran avance en donde México es pionero a nivel internacional.

Sin embargo, no hay que confundirse, ni mucho menos celebrar con triunfalismo. Sigue habiendo carencias muy altas y su reducción no implica el ejercicio real de los derechos. Basten tres ejemplos:

  • La carencia por acceso a la seguridad social sigue siendo la más importante. Afecta a 70 millones de personas, es decir, al 58.5% de la población. Esto no quiere decir que las personas sin carencia tienen una protección de seguro social completo. Una parte de esa población únicamente recibe pensiones de programas sociales de adultos mayores, con cantidades mínimas y sin otras coberturas como la de salud.
  • La carencia por acceso a servicios de salud es relevante porque hay un mandato legal de lograr la cobertura universal de salud. Este mandato de la Ley General de Salud debió cumplirse en 2010, por lo tanto aunque haya mejorado la cobertura, no es suficiente.
  • En 2014, había casi 22 millones de personas sin acceso a servicios de salud, equivalente al 18% de la población. Por Ley, esta carencia debiera ser cercana a cero.

Además hay evidencia de que la afiliación, especialmente cuando se trata del “Seguro Popular”, no garantiza el acceso efectivo a los servicios de Salud. Sobre esto, durante 2015 la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llevó a cabo un ejercicio de observación ciudadana denominado “Cero Listas de Espera”, pionero en su tipo y que surgió ante la evidencia de problemas crecientes en el acceso efectivo a la salud.

El ejercicio consistió en aplicar 6,700 cuestionarios o tarjetas de medición ciudadana (Citizen scorecards), a usuarios en 160 establecimientos de salud de 16 entidades federativas entre julio y octubre de del año pasado, gracias al apoyo de alrededor de 700 ciudadanos en grupos de voluntarios de 21 organizaciones civiles. La principal característica de estos establecimientos era que se ubican en zonas de rezago social y atienden en su mayoría a población en condición de pobreza.

La evidencia nos arrojó que pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguro social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos.

Los principales hallazgos de este ejercicio pueden consultarse aquí 

Por otro lado resulta revelador que con tanta publicidad oficial de la Cruzada contra el Hambre, la carencia por acceso a la alimentación no haya bajado en porcentaje y aumentado en cantidad. Afecta al 23.4% de la población. En 2012 había 27.4 millones de personas y en 2014 hay 28 millones de personas, 600 mil más, que presentan carencia por acceso a la alimentación.

La evidencia es contundente, México no tiene una política de Estado frente a la pobreza y la desigualdad. Hay programas, pero no hay políticas consistentes y efectivas. Algunos programas pueden ser buenos, pero muchos otros no lo son. Las políticas económicas y las sociales no están articuladas.

Lo más grave es que las políticas económicas en lo fiscal, lo laboral, lo salarial y lo productivo no promueven la mejora de los ingresos de quienes menos tienen. Sin esos componentes no puede haber reducción significativa de la pobreza y mucho menos de la desigualdad.

Existen amplias desigualdades en la participación económica de la población, en detrimento de las mujeres, las personas jóvenes y la población indígena. Mientras que 76% de los hombres participan económicamente, sólo lo hacen 42% de las mujeres, 24% de las mujeres indígenas y 43.5% de los jóvenes. La tasa de desocupación entre los jóvenes es de 9.2%, prácticamente el doble que la de la población general.

La desigualdad social y de género en la participación laboral y la generación de ingresos requiere de políticas de empleo inclusivas, que consideren el incremento sustancial de la oferta de servicios de cuidado infantil y la ampliación de horarios de las instituciones educación básica, que en la actualidad no permiten armonizar la educación de los hijos y el empleo a tiempo completo de los padres, particularmente de las mujeres que son quienes están principalmente a cargo del cuidado de niños y adolescentes.

Nuestra finalidad de largo plazo como organizaciones civiles es contribuir a eliminar las barreras que generan pobreza y desigualdad que son principalmente económicas. Es decir eliminar las barreras a la productividad, al ingreso suficiente y a la inclusión económica, como las prácticas monopólicas, los subsidios regresivos y la captura de rentas.

Nosotros insistimos en que no basta cualquier crecimiento económico. Se requiere que la economía sea incluyente, genere empleos de calidad y desarrolle la capacidad productiva de las personas en pobreza y en los territorios con mayor rezago, como el Sur del país. Hay que romper las barreras que impiden la movilidad social y perpetúan la pobreza. Y para eso no son suficientes las políticas y programas sociales, mucho menos los enfoques asistencialistas.

Como consenso inicial creemos que debemos empezar por enfrentar la corrupción. Aunque hay diversas posiciones sobre cómo enfrentar la desigualdad, hay consenso en que es urgente evitar el dispendio y la desviación de los recursos públicos. También se deben enfrentar las ocurrencias, la dispersión, la opacidad de los programas, las duplicidades y el clientelismo. Por eso nuestra primer batalla ha sido por ampliar los mecanismos de vigilancia ciudadana, de transparencia y gobierno abierto y hacer efectiva la participación ciudadana en las políticas públicas para que los programas funcionen y hacerlos exigibles.

Queremos contribuir a que México defina una estrategia que genere mayor cohesión social y cierre las brechas de desigualdad. Esta Estrategia Nacional de Estado debe articular tres grandes objetivos: el crecimiento económico incluyente y el ejercicio de los derechos sociales, como las dos dimensiones esenciales e inseparables para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, y las formas nuevas de gobernanza para hacerlas realidad.  Sin la participación activa de la ciudadanía esta Estrategia se puede quedar en discurso, intención o peor aún, en una simulación.

Enfrentar la pobreza y la desigualdad nos conviene a todos. En el ánimo nacional cada vez hay mayor conciencia de la urgencia de cambiar el status quo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Después de Iguala y ante la amenaza de la inseguridad y la violencia muchas personas saben que sin cohesión social, que cierre las brechas de desigualdad, no hay futuro promisorio para nuestro país.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza quiere contribuir a generar el diálogo con todos los actores, empresarios, sindicatos, académicos y organizaciones civiles, para fijar los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de Estado. Se trata de que la mayoría de las empresas, el conjunto de los sectores productivos y sobretodo la población que hoy vive en pobreza resulte ganadora. En la lucha Frente a la Pobreza y la Desigualdad cabemos todos.

La Estrategia debe recuperar, fortalecer y multiplicar las experiencias valiosas impulsadas por la sociedad civil organizada. Hay miles de organizaciones que llevan décadas trabajando frente a la pobreza y la desigualdad. En el campo y en la ciudad. Con niños, con jóvenes, con mujeres, con adultos mayores, con campesinos e indígenas, con trabajadores urbanos. Las organizaciones más avanzadas han desarrollado gran capacidad productiva, muchas de ellas se han abierto incluso a la exportación.

El sector de la economía social y solidaria, del comercio justo, de las finanzas populares es creciente y sobrevive casi sin apoyos. La contraloría social, las organizaciones cívicas de vigilancia y los grupos de defensoría de derechos se mantienen a pesar de las presiones. La economía incluyente y la movilización ciudadana tienen ya resultados frente a la pobreza.

No pretendemos tener la solución. Nuestra función es propiciar el debate y ser factor de unidad para definir los puntos de acuerdo de una Estrategia Nacional de Estado que logre:

El crecimiento económico incluyente con base en el desarrollo productivo y el trabajo digno y remunerador de las personas y comunidades en condición de pobreza, especialmente las mujeres, las personas jóvenes y la población indígena. Hay que conectar al México que no crece y se rezaga con el México competitivo y de oportunidades. En una economía incluyente cabemos todos.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa de largo plazo. Las causas de la pobreza y la desigualdad tienen raíces muy profundas y abarcan diversos factores y dimensiones, por lo que debemos clarificar nuevas exigencias conforme vayamos avanzando.

Nuestra meta es fortalecer procesos de incidencia ciudadana a nivel local, municipal, estatal y nacional. La ciudadanía no debe ser sólo beneficiaria, debe ser corresponsable al definir, vigilar y evaluar las políticas públicas.

En conclusión, hacer frente a la pobreza y  la desigualdad es al mismo tiempo un imperativo ético y un acto de conveniencia personal. Es una misión histórica para una generación y también una buena inversión para ampliar el mercado y las oportunidades de negocio. Una economía incluyente es la mejor forma del crecimiento sostenible.

La pobreza no es destino manifiesto. México puede ser una gran potencia. Nuestro país puede lograr prosperidad, tener cohesión social, vivir con paz y seguridad ciudadana, y avanzar en una democracia efectiva y con rendición de cuentas.  Esto va  más allá de partidos o gobernantes, depende de la sociedad en su conjunto. Depende de cada uno y depende de todos.

Por eso agradecemos espacios como éste, en donde podemos compartir experiencia con otras visiones del mundo y ser escuchados, porque contra la pobreza estamos todos, pero frente a la pobreza y la desigualdad, necesitamos ser más, muchos más.

Nuestra intención se resume en un cambio se describe de manera muy sencilla, pero que resulta de inmensas proporciones: transitar de un Economía de influyentes a una Economía Incluyente.

Sígannos en nuestra página www.frentealapobreza.mx y en nuestras redes sociales como @frenteapobreza

Muchas gracias

Amado Avendaño Villafuerte

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Participación de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en el 2o. Encuentro Internacional La Izquierda Democrática