Desigualdad en el diseño del gasto público federal

Este es un estudio realizad por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE).

Indica que el tema de la igualdad y la no discriminación ha ganado espacio en la agenda pública en los últimos años, lo cual ha sido más visible después de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2001 y en 2011, específicamente en el artículo primero, mismo que incorpora y profundiza la cláusula antidiscriminatoria.

De acuerdo con el documento, este aspecto cobra relevancia per se si se considera el impacto que causa al aplicarse en los diversos ámbitos de la vida de las personas. Uno de ellos, y que es materia del estudio que ahora se presenta, es el que debería reflejarse en la asignación del gasto público para ejercer las políticas públicas que beneficien a los sectores de la población que más las requieran, en atención de lo dictado por el artículo primero constitucional: la igualdad y la no discriminación.

Y no sólo ello; hay una perspectiva errónea al respecto: quienes diseñan y planifican el gasto público han considerado que con incrementarlo –relativamente– se atiende por igual a todos los grupos de la población para evitar que sean discriminados. Sin embargo, la población discriminada no es una masa homogénea. Está integrada por diversos grupos en situaciones económicas y necesidades distintas, que son prácticamente invisibles para el Estado mexicano.

Para aportar al debate y al análisis sobre cómo el presupuesto público también puede ser discriminador, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presenta La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano. Indicadores sobre equidad, visibilidad e inclusión en los programas presupuestarios federales de 2010 a 2012.

El estudio, bajo autoría del doctor Mauricio Merino y de Carlos Vilalta, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), busca demostrar que la garantía del derecho humano a la no discriminación sólo será posible si le son asignadas las partidas presupuestales correspondientes y el ejercicio del gasto contempla a todos los grupos de población vulnerables en sus muy diversas condiciones.

Una particularidad de la investigación es que no analiza de manera exclusiva la afectación del ejercicio presupuestal de los grupos discriminados que, a la vez, son objeto de la política social, sino que también mide el caso de otros grupos discriminados –como los de la diversidad sexual, la población afrodescendiente o las minorías religiosas– que, sin ser grupos en desventaja económica en cuanto tales, sí son objeto histórico de discriminación. En este segundo caso, aunque el estudio muestra una plena invisibilidad de estos grupos para el diseño y el ejercicio presupuestales, su inclusión conceptual exhibe, así sea por esta vía elíptica, su desatención por parte del Estado.

De ahí que el análisis se enfoque también a la discriminación indirecta o estructural, consistente no a los actos discretos y abiertos de discriminación sino a la conformación histórica de las normas, rutinas e instituciones sociales que, sin estar dirigidas contra una persona en específico (no son, en ningún caso, acciones contra alguien en particular) conllevan el efecto estructural de mantener y profundizar la desventaja del grupo, pues naturalizan la desigualdad de trato y contribuyen a reproducir el orden discriminatorio de la sociedad como un todo. En esta categoría caen los efectos de mediano y largo plazos de la discriminación y, por ello, dan a la discriminación una dimensión estructural que no puede reducirse mediante la sanción o el castigo meramente retributivos, como sí puede suceder en el caso de la discriminación directa.

En la discriminación indirecta las responsabilidades son difusas, pues con frecuencia no hay manera de asignarlas de forma causal a un sujeto que las perpetra, o bien, no hay manera de establecer con precisión quién es la persona que la padece, aunque los daños a los derechos suelen ser incluso más graves –precisamente por su alcance social– que los de los actos directos. Conforme a dicha definición se muestra la vigencia de esta forma de discriminación en el caso del diseño y el ejercicio del gasto público en relación con los grupos históricamente discriminados en México.

En el informe se expone: “La conclusión más relevante de este estudio es que, tras el conjunto de los enunciados planteados antes –y que están en el origen del diseño de los programas presupuestarios por medio de los cuales se realiza la mayor parte de la acción del gobierno–, hay una consecuencia estadísticamente verificable que demuestra la existencia de un amplio grupo de personas que no consiguen el respaldo del Estado para superar sus condiciones vulnerables, a pesar de contar con características similares a quienes sí lo obtienen”.

Y es que la inequidad, la invisibilidad y la exclusión de grupos discriminados documentadas por el estudio en el diseño y ejercicio de los programas de gasto público no requieren estar concebidas, actuadas o promovidas activamente por actores políticos o tomadores de decisiones. Es más bien el resultado del asentamiento institucional de una mirada social omisa respecto de los colectivos que padecen discriminación.

Es importante destacar que el análisis del ejercicio del gasto público antidiscriminatorio no tiene por objeto el enjuiciamiento de las instituciones mexicanas, sino la pretensión expresa de avanzar en el estudio cuantitativo y cualitativo sobre cómo se diseña, planifica y ejecutan las partidas presupuestales que buscan la igualdad y la no discriminación.

El Conapred asume la responsabilidad como entidad especializada del gobierno de la república, de dirigir el estudio a quienes toman las decisiones, a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las instituciones políticas y sociales, a fin de seguir cimentando la ruta de la igualdad y no discriminación en México, cada vez con mayores y mejores resultados.

La_desigualdad_Dtrato_CIDE_INACSS

Desigualdad en el diseño del gasto público federal