Corrupción en salud

Para mejorar los servicios de salud hay que garantizar que los recursos lleguen completos a su destino. Se requiere eliminar las grietas legales que posibilitan su desvío. También se debe enfrentar la opacidad que posibilita su malversación o su dispendio.

Tener nuevas herramientas institucionales para combatir la corrupción es indispensable para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Esto es muy claro en todos los campos.

La desviación de los recursos para la salud, los “moches” en las obras de infraestructura, la captura de los programas de “apoyo productivo para el campo” por parte de grandes terratenientes, y en general, los malos manejos en los recursos públicos constituyen un factor de perpetuación de la pobreza y profundización de la desigualdad.

Por eso, como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza participamos activamente en la promoción de la Iniciativa Ciudadana de la “Ley 3de3”. Nos sumamos a un conjunto de organizaciones que impulsan esta Iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esto conecta directamente con nuestros objetivos. Hoy ponemos el ejemplo en la agenda de acceso efectivo a la salud.

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y acceso efectivo a la salud

El SNA permitirá generar las instituciones y los mecanismos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción que desvían los recursos públicos y generan abuso de autoridad.

Para el derecho a la salud esta nueva institucionalidad es urgente. No habrá recursos que alcancen para enfrentar la transición demográfica y epidemiológica sin antes “cerrar la llave” a la corrupción y sus variantes: despilfarro, opacidad, discrecionalidad y ocurrencias.

Los crecientes recursos que se han invertido en el sector salud en los últimos 15 años no se traducen en una mejora equivalente en la capacidad de atención. En el caso de salud, la corrupción es un factor de pobreza y desigualdad. Además genera mayor dolor, gravedad de las enfermedades y muerte, literalmente hablando.

La Auditoría Superior de la Federación confirma nuestro diagnóstico: hay opacidad y desviación de recursos en Salud

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado múltiples desvíos de recursos y hay una gran opacidad en el presupuesto transferido a los gobiernos estatales para los servicios de salud.

En años recientes, la ASF ha presentado denuncias penales por desviación de recursos para la salud en los gobiernos estatales por $8 mil millones de pesos.

El Informe más reciente de la ASF resultado de la revisión de la cuenta pública 2014, en lo que respecta al “Seguro Popular” documenta que al menos casi 7 millones de afiliados a este sistema están duplicados en instituciones de seguridad social. Esto representa el 12% del total del padrón del “Seguro Popular”.

El Informe también confirma la opacidad y falta de información sobre la prestación del servicio. Dice que “la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud carecen de indicadores, metas e información para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios”. Lo mismo dice sobre la falta de información e indicadores sobre la prevención de los gastos catastróficos y sobre el gasto de bolsillo.

opacidad en salud

La ASF concluye que la “Matriz de Indicadores de Resultados” (MIR) del Seguro Popular “no permite verificar la relación causa-efecto entre los distintos niveles de la matriz” y que “cinco de los siete indicadores (de la MIR) presentaron inconsistencias en su construcción”.

Acceso a servicios de salud

El Informe de la ASF confirma que aún el gasto de bolsillo realizado por las personas –pese a su afiliación a los servicios públicos- representa el 44% del gasto total en salud y que el 24% de los afiliados se declaran insatisfechos respeto al surtimiento de medicamentos.

En síntesis, la Auditoría Superior de la Federación confirma el Diagnóstico presentado por la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud: hay una gran opacidad en el ejercicio de los recursos para la salud y se carece de indicadores periódicos y confiables sobre el acceso efectivo a los servicios.

Estas son las demandas más urgentes para iniciar la mejora de los servicios de salud:

  • Transparentar el ejercicio de los recursos en datos abiertos que permitan su trazabilidad desde la federación hasta su aplicación en la prestación de los servicios; y
  • Garantizar la generación oportuna y confiable de indicadores de acceso efectivo a la salud, centrados en el surtimiento completo de medicamentos, la espera en el acceso a los tratamientos, estudios y cirugías, así como la permanencia del gasto de bolsillo, que contradice lo establecido en la Ley.
  • Contar con un mecanismo de exigibilidad y contraloría social con participación ciudadana autónoma y mecanismos de incidencia en la prestación de los servicios y su mejora continua.

Construcción de ciudadanía frente a la pobreza, la desigualdad… y la corrupción

Para mejorar los servicios de salud hay que garantizar que los recursos lleguen completos a su destino. Se requiere eliminar las grietas legales que posibilitan su desvío. También se debe enfrentar la opacidad que posibilita su malversación o su dispendio.

Frente a la corrupción, la participación ciudadana requiere ser permanente. Generar medios y caminos para el ejercicio activo de la ciudadanía es una de los objetivos de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Y enfrentar la corrupción es una manera muy atractiva y sencilla de comprender para muchas personas.

Por eso hemos propuesto que la contraloría social quede integrada al Comité de Participación Ciudadana que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La contraloría social es una manera adecuada y benéfica de contribuir a mejorar el funcionamiento del gobierno en general.

En el caso de salud, una auténtica contraloría social puede ser un impulso muy importante para enfrentar los graves problemas que afectan el acceso efectivo a la salud: falta de medicamentos, posposición de tratamientos, negación de estudios o cirugías.

Colofón. ¿Cómo va el proceso de la Ley 3 de 3?

En la Jornada Nacional del 13 de marzo se instalaron más de 200 mesas en lugares públicos para juntar firmas de apoyo a la Iniciativa. Fue una gran experiencia cívica. Se lograron más de 20 mil firmas sólo en ese día.

Fue un día de activismo ciudadano que se sumó a las muchas jornadas realizadas cada día por miles de personas que están activamente sumando firmas para poder presentar la Iniciativa al Congreso. Y que han logrado ya alcanzar la meta.

Ese proceso está avanzando bien. Se estima que se han alcanzado las 120 mil firmas, pero se invita a seguir sumando más.

Lo urgente ahora es concentrar ya todos los formatos con firmas en el IMCO, para hacer el corte, registrarlas y en su caso, poder presentar formalmente la Ley y participar en su discusión.

También se deben juntar más firmas, para sumar fuerza y lograr mayor presión a que la voz ciudadana sea escuchada. Todavía hay que sumar más firmas.

Y cuando inicie la discusión en el Congreso se requiere atención y presión para evitar que cambien aspectos sustanciales y especialmente que le quiten “filo” y “dientes” o que se abran huecos por donde se evada la responsabilidad o artilugios que favorezcan la corrupción.

Corrupción en salud